Los autores intelectuales del asesinato de la activista medioambiental y líder indígena Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, siguen impunes, y las autoridades de Honduras “no han mostrado voluntad política” para sancionarlos.

Así lo denunciaron hoy en conferencia virtual con medios locales e internacionales, familiares de la activista e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (Copinh).

Informaron que tras varias suspensiones, en unos días concluirá el juicio contra David Castillo, ex oficial de la inteligencia militar de aquella nación centroamericana, quien fue gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa) y fungió como “enlace” entre quienes ordenaron la ejecución y los sicarios.

Sin embargo, advirtieron, Castillo “es sólo un eslabón de una estructura criminal”, pues señalaron como responsables intelectuales a varios miembros de la familia Atala, accionistas de Desa –compañía hidroeléctrica contra la que luchó Cáceres—, además de una complicidad del Estado que implica a funcionarios de gobierno y de las fuerzas armadas.

“Él no es el autor intelectual y varias de las personas judicializadas han expresado que el problema de mi madre se discutía a nivel de la junta directiva de la empresa (…) No hay voluntad política del Estado de investigar su responsabilidad y participación en el crimen”, enfatizó Berta Zúñiga, hija de la ambientalista.

Aseveró que el juicio contra Castillo debe ser la base para descubrir a la “estructura criminal” que asesinó a su madre y sigue violentando a defensores del ambiente y comunidades, incluidos los vínculos con autoridades.

Camilo Bermúdez, del Copinh, confió en que el proceso judicial demuestre que Castillo “cumplió un rol de enlace entre dos estructuras: una sicarial y otra de toma de decisión (…) La importancia de su participación en esa estructura es lo que se intenta develar para que se pueda seguir avanzando en el crimen, que es la culminación de una cadena de crímenes que inició en 2009 con la constitución de la empresa Desa”.

Informaron que existe otra denuncia interpuesta por la presunta responsabilidad de integrantes de la familia Atala, en especial de Daniel Atala y José Eduardo, Pedro y Jacobo Atala Zablah.

Y es que derivado del análisis de telefonía, de mensajes de texto y otras pruebas apuntan “a su participación en el asesinato”, por lo que desde 2017 hay una solicitud de requerimiento interpuesta ante la Fiscalía General.

Como activista ambiental, Cáceres lideró la lucha de diversas comunidades originarias contra el proyecto Agua Zarca, de la empresa Desa, razón por la que fue asesinada, aunque antes del crimen, ella y otros miembros de su organización fueron víctimas de diversas agresiones y amenazas.

Bermúdez advirtió que el grupo económico que lideraba la empresa está activo y tiene inversiones en Honduras y otros países de Centroamérica, en equipos de futbol, banca y proyectos de infraestructura.