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Diputados tiran iniciativa para imponer impuesto a copia privada

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Sala de sesiones de la Cámara de Diputados. Foto Roberto García / Archivo
30 de abril de 2021 20:30

Ciudad de México. La Cámara de Diputados echó abajo una medida que pretendía imponer el presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer Bretón (Morena), para imponer un “derecho” a la compra de dispositivos de almacenamiento digital, que incluía computadoras, teléfonos móviles, tabletas, discos duros o USB.

La idea de Mayer, que ya había sido rechazado por la Secretaría de Economía en una opinión, era cobrar ese “derecho” a los fabricantes de los dispositivos, para recaudar el dinero y entregarlo a los creadores, como impuesto por almacenar copias privada de obras musicales, que denominó como "remuneración compensatoria por concepto de copia privada".

Diputados de Morena, MC, PT y PVEM objetaron que en la propuesta residía una intención oscura por parte de Mayer. Zulma Espinoza Mata (PVEM) expuso: “Lo que no suena lógico, suena a metálico”.

Los legisladores objetaron que se pretendía obligar al gobierno federal a recaudar recursos para distribuirlos a personas privadas, además de que Morena y el PT reconocieron que no validaron la reforma porque sería un error aprobar un nuevo impuesto en tiempos electorales.

En tribuna, Martha Tagle (MC) explicó que el sistema propuesto por Mayer Bretón consistía en otorgar a las sociedades de gestión colectiva el derecho a exigir un pago a los fabricantes e importadores de dispositivos de almacenamiento digital, tales como computadoras, teléfonos móviles, discos duros, memorias USB, entre otros.

Esto, “bajo la falsa premisa de que estos dispositivos son utilizados principalmente para la realización y almacenamiento de copias privadas de obras protegidas y que las mismas generan un daño a los titulares de derechos de autor”.

Tagle Martínez explicó que la iniciativa, la cual se pretendió aprobar de última hora al cierre del periodo de sesiones, se conoce ya como #MocheDigital y estaba sustentada “en un cúmulo de mentiras”.

Una de éstas, dijo, consistía en que la copia privada genera un daño a los titulares de derechos de autor

Refirió que, según la Ley Federal de Derechos de Autor, las personas tienen derecho a hacer una copia privada de obras protegidas por derechos de autor que hayan adquirido legalmente.

Esto es, cuando se adquiere una ya se ha retribuido a los titulares de derechos de autor por el derecho a hacer una copia para uso personal y privado; por ejemplo, hacer una copia de un disco físico para poder reproducirlo en formato digital.

Por lo tanto, no existe daño alguno a los titulares de derechos de autor, porque “ya pagamos por la obra y es irrazonable pretender que tendríamos que pagar doble, por el disco y por el formato digital. No hay nada más que remunerar”.

También sostuvo que es mentira que el principal uso de aparatos y dispositivos digitales es reproducir y copiar obras protegidas por derechos de autor.

La iniciativa asumía que dispositivos como computadoras, teléfonos, discos duros, memorias usb, impresoras, entre otros dispositivos, prácticamente no tendrían otro uso más que reproducir y copiar obras protegidas por derechos de autor, lo cual es absurdo.

Además, explicó que otra mentira del dictamen promovido por Mayer es que el derecho a remuneración por copia privada ya existe desde 1996, cuando no está considerado en la Ley Federal de Derechos de Autor.

“El texto vigente que establece el artículo 40 es el derecho de titulares de derechos de autor a ‘exigir una remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia o reproducción hecha sin su autorización y sin estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 151’, es decir una indemnización por violaciones a derechos de autor. La copia privada no es una violación a derechos de autor”.

El dictamen fue rechazado con 292 votos en contra. Otros 87 diputados votaron en favor y 59 se abstuvieron.

Ante el voto en contra, la asamblea también acordó no devolver el dictamen a la Comisión de Cultura, por lo que la idea de Mayer quedó desechada de plano.

 

 

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"Fue realizada dentro del plazo legal previsto en la norma electoral” -aunque sólo tenía 10 días hábiles para ello- ya que el proceso electoral termina cuando se emite la declaratoria de validez.
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