Buenos Aires. El procurador interino Eduardo Casal, nombrado por el ex presidente Mauricio Macri, presentó esta tarde un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que establece que es inconstitucional el decreto mediante el cual el presidente Alberto Fernández suspendió el pasado 19 y hasta este viernes las clases presenciales, lo que no aceptó el intendente de esta capital, Horacio Rodríguez Larreta, incurriendo en el delito de desobediencia civil amparado por jueces también designados por el pasado gobierno de la derechista alianza Cambiemos.
Casal fundamenta que no está “demostrado epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas afecte a la salud”. Así se va cerrando un círculo. Larreta no sólo desobedeció el decreto sino que incumplió el fallo de un juez federal que ordenó la suspensión de las clases y acatamiento del decreto, porque los magistrados que acompañaron al intendente capitalino, pertenecían a la justicia porteña sin incidencia alguna sobre una ley federal.
Larreta recurrió a la Corte Suprema, que pasó el tema a la Procuración, a sabiendas que Casal, quien fue impuesto por Macri (2015-2019), iba a votar como lo hace la todavía existente “mesa judicial” con que contó el macrismo en su administración para inventar causas, perseguir a sus opositores políticos, recurriendo al espionaje, a la mentira, la desinformación y la extorsión.
Estas acciones sorprendieron en momentos en que el país vive una crisis sanitaria ante la segunda ola del Covid-19, cuyas nuevas cepas circulan especialmente en esta capital, disparando las cifras de contagiados a 560 muertos este día, miles de contagiados, mientras el sistema de salud está colapsado.
La actitud de Larreta coincide con las denuncias de uno de los investigadores más informados del país como es Roberto Navarro director de la revista digital El Destape sobre una serie de reuniones de la dirigencia de la ultraderechista de Propuesta Republicana (PRO), el partido de Macri, y cuya presidenta actual es la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes serían la cabeza de una serie de maniobras golpistas, tratando de romper todo tipo de diálogo con el gobierno.
En principio rechazar sus medidas, llevar a la desobediencia civil del gobierno capitalino, para que Fernández tome medidas duras o imponga toque de queda, a la vez que oponiéndose a la política sanitaria del gobierno, desacreditando las vacunas y llamando a la rebelión contra las necesarias restricciones tratarían de llegar hasta la suma de cien mil muertos, sobre los poco más de 60 mil que hay hasta ahora, para iniciarle un juicio político al presidente y destituirlo.
Cuentan con el apoyo de los grandes medios de comunicación cuya campaña de los últimos días, ha sido calificada como “criminal” y hasta “terrorista” por gremios de periodistas y algunos sindicatos al inducir a no vacunarse, a poner en duda cada medida y llamando abiertamente a desobedecer todo restricción. Esto provocó que en los barrios ricos, en general no llevan cubrebocas, y hagan fiestas clandestinas en forma permanente.
