El informe de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral da cuenta del rezago de algunas investigaciones de casos relevantes ante la falta de respuesta de las autoridades competentes a peticiones de información del INE.
Entre las indagatorias detenidas destacan: la denuncia de Morena y PRD contra el PRI y el Partido Verde contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya por triangulaciones financieras ilícitas que beneficiaron la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto y la queja del PAN y PRD contra Pío López Obrador, hermano del presidente.
El documento fue presentado en la sesión del Consejo General del INE y en el mismo se destaca que en la queja promovida contra Lozoya y los partidos que en 2012 conformaron la coalición Compromiso por México a fin de indagar si la entrega de contratos a la empresa brasuleña Odebrecht, y los casos de corrupción que involucraron “dádivas y sobornos” a Lozoya permitieron canalizar recursos a la campaña presidencial en 2012.
Se reportó que la respuesta que se han realizado seis solicitudes de información a la subprocuraduría especializada en Investigación de Delitos Federales en su momento y ahora la Fiscalía General de la República sin embargo ésta “no proporciona la información, en virtud de que no se es parte dentro del procedimiento penal, por lo que aplica la prohibición que establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Por lo que hace a la queja promovida por el PAN y el PRD en contra del hermano del presidente y el ex coordinador Nacional de Protección Civil David León, la queja promovida pretende que el INE esclarezca “el origen de las aportaciones recibidas, así como si estas fueron reportadas en el o los informes correspondientes”.
Al respecto, solicitó a la FGR información, argumentando que en este caso el “secreto ministerial es inoponible” cuando se trata de las tareas de fiscalización del INE. Sin embargo, la FGR ha negado la información contenida en esa indagatoria “alegando secreto ministerial”. Además el agente del Ministerio Público argumentó que al tratarse de un criterio aislado de las autoridades judiciales “no vincula a dicha representación social.
El informe incluye algunas otras quejas relevantes donde tampoco ha habido información como es el caso del Ayuntamiento de Texcoco que ha rechazado proporcionar datos relacionados con la queja en contra de la ex alcaldesa y ex candidata a la gubernatura del estado de México, Delfina Gómez.
