Ciudad de México. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró como “injusta, desmedida, excesiva y arbitraria” la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de respaldar la cancelación de las candidaturas de Morena para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán y advirtió que se deben revisar el “impresionante gasto” en los comicios de junio, que asciende a más de 40 mil millones de pesos, cantidad superior a la que corresponde a la campaña de vacunación contra el Covid-19.
Dijo que es preocupante que los magistrados sepultaran el criterio garantista que había utilizado en casos similares, donde a las personas impugnadas les fue restituida su candidatura para participar en comicios y asegurar que la gente decidiera.

A su juicio, si Morena fue quien no notificó a la autoridad local “es dable que la sanción sea aplicada al partido y no al aspirante, pues es el instituto político el que omite presentar esos gastos”.

Al participar en el panel “Las garantías judiciales de los tribunales electorales estatales”, organizado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, el senador Monreal, cuestionó que el TEPJF no haya ponderado el monto involucrado antes de fijar la sanción a Félix Salgado y Raúl Morón.

“Me parece un exceso que por 14 mil y 16 mil pesos, no expresados como gastos de precampaña, sea suficiente para cancelar la candidatura de una persona”. Es evidentemente una sanción desorbitada, pues los magistrados no consideraron algún parámetro objetivo que permitiera establecer una gradualidad de la sanción.

Es también preocupante la resolución, dijo, porque el Tribunal había señalado en otras resoluciones que no es lo mismo omitir la presentación del informe de gastos a presentarlo de manera extemporánea, como sucedió en el caso de Michoacán.

Sobre el tema de la sobrerrepresentación en el Congreso, el coordinador Monreal advirtió que el INE, ya con el proceso en curso, introdujo normas y leyes que establecen criterios de afiliación o militancia efectiva para llevar a cabo esta asignación. Es decir, modificó y creó normas de carácter general en pleno proceso electoral.

El INE, insistió, es el encargado de hacer cumplir la ley o aplicar la norma a casos concretos, pero no puede crear leyes de carácter general. Además, hay una prohibición para que no puedan hacerse normas o leyes antes, ni durante el proceso electoral.

Se preguntó si con su resolución de un día antes, el TEPJF “está avalando esta intromisión grave en el Poder Legislativo”, porque nunca había ocurrido “ tal exceso”.
Reiteró que ello hace más evidente la urgencia de que el Congreso lleve a cabo una reforma electoral a fondo, para limitar “el gasto impresionante” en los comicios y para fijar los parámetros, a fin de otorgar los lugares de representación proporcional de tal manera que se impida definitivamente que el órgano electoral legisle este tipo de temas y, sobre todo, que no se lleven a cabo cuando ya inició el proceso electoral, por seguridad jurídica de toda la ciudadanía.