Ciudad de México. Familiares de personas desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado instalaron este miércoles un plantón por tiempo indefinido frente a la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) para denunciar que varios juzgados han rechazado “con pretextos” las solicitudes de amparo que han presentado en contra de la extinción del fideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Omar Bello, periodista guerrerense desplazado por la violencia desde 2017, explicó que tras la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), concretada en octubre del año pasado, acudió ante los juzgados para interponer una demanda de amparo en contra de dicha resolución, pero los responsables de los trámites le negaron la solicitud por considerar que no había explicado bien cuál era su inconformidad.

“Mi demanda fue rechazada con el argumento de que había un argumento que no entendían dentro del amparo, pero el acto reclamado es contra el decreto presidencial (de extinción de los fideicomisos). Me lo regresaron para que lo aclarara y lo hice, pero ahora me dicen que ya se vencieron los términos y mi amparo fue desechado, por no cumplir en tiempo y forma, aunque sí vine y tengo el acuse de recibo”, lamentó.

De acuerdo con el comunicador, al menos cinco personas han tratado de interponer demandas de amparo en contra de la desaparición del FAARI, pero a todas se les ha negado el trámite. A uno de los quejosos se le explicó que “su abogado no estaba dado de alta ante el Poder Judicial”.

Bello enfatizó que “no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que esta es línea desde la Presidencia para que no acepten los amparos, y la línea es que le dieron otros dos años a Zaldívar (el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y el pago es esto: rechazar todos los amparos que vayan contra la Presidencia”

Por su parte, María Isela Valdez, madre de Roberto Quiroa, desaparecido desde el 10 de marzo de 2014, detalló que ha acudido cuatro veces ante las oficinas del PJF, sin que le acepten el amparo que desea interponer en contra de la extinción del FAARI, supuestamente porque ha habido problemas con el reconocimiento de su firma.

“Puse una demanda de amparo y todavía no nos dicen nada, solamente me citaron para que ratificara la firma, la volviera a hacer y hemos venido aquí cuatro veces y solo los policías nos atienden. Vinimos por primera vez los últimos días de febrero, y casi venimos cada semana, porque salen con tonterías de que ‘no es tu firma, ven a firmar otra vez, ven a ratificar varias cosas’ y lo que quieren es desechar los amparos, porque le tienen miedo al Presidente. Son pretextos porque no quieren que el Presidente se enoje”, afirmó.

En la misma situación se encuentra Ana María Maldonado, madre de Carlos Palomares, quien desapareció en septiembre de 2010. “He venido cinco o hasta seis veces desde el mes de mazo, y nada, pero ya no me voy a mover de aquí hasta que me notifiquen (de la aceptación o rechazo del amparo)”, subrayó.

Para la mujer, la razón de que no hayan aceptado sus solicitudes de amparo es que en el PJF “no quieren afectar al Presidente porque están a su merced. A mí también ya también me notificaron que mi firma estaba mal, que viniera a reconocerla; ya vine y estoy en espera de que bajen a atenderme”.