Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos ha hecho uso indebido durante más de un año de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su siglas en inglés) para expulsar del país a familias, adultos y niños no acompañados que buscan refugio, muchas veces con la complicidad de las autoridades mexicanas, denunció la organización internacional Human Rights First.

El gobierno del presidente Joe Biden no ha contribuido a mejorar la situación de los solicitantes de asilo en la frontera, señala la ONG en un informe dado a conocer esta semana, en el cual documenta unos 140 casos de violaciones a los derechos humanos de migrantes y hace recomendaciones al mandatario y al Congreso estadunidense para corregir la situación.

Human Rights First sostiene que los CDC lanzaron una orden bajo el Título 42 del código de salud del Departamento Seguridad Nacional (DSN) para evadir las leyes de asilo estadunidense con el supuesto propósito de combatir la propagación del Covid-19, y que impide a migrantes solicitantes de asilo cruzar la frontera y los expulsa si lo logran, lo que es ilegal, inmoral e innecesario para proteger la salud pública.

A pesar de sus frecuentes promesas de revertir la crueldad (del ex presidente Donald) Trump en la frontera, Biden continuó una política desastrosa que pone en peligro a niños, separa a las familias e ilegalmente rechaza a solicitantes de asilo que están en peligro.

El gobierno estadunidense ha expulsado, o dejado varados en México, a solicitantes de asilo de Burkina Faso, Camerún, Cuba, El Salvador, Etiopía, Ghana, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Nigeria, Rusia, Somalia, Venezuela y Yemen.

El que los menores estén exentos de la deportación, detalló el informe, ha hecho que familias desesperadas envíen solos a sus hijos a Estados Unidos, pero en muchos puntos fronterizos México se niega a recibir a menores de siete años, acompañados o no, lo que ocasiona que migrantes permanezcan en pésimas condiciones o se les deporte a ciudades mexicanas peligrosas que no son puntos de repatriación. El documento narra casos de familias y niños hallados deambulando por las calles durmiendo incluso bajo los árboles sin saber siquiera dónde están.

El informe puede consultarse en https://bit.ly/32RgPUR

En tanto, la vicepresidenta estadunidense, Kamala Harris, designada por Biden para tratar el tema migratorio en la región, escuchó en una reunión virtual a actores de la sociedad civil guatemalteca para conocer más sobre sus necesidades.

Harris habló durante 50 minutos con varios representantes de sociedad civil, entre ellos Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, quien explicó que se trataron temas como corrupción, impunidad y la necesidad de fortalecer mecanismos que luchan contra la corrupción.

La Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y el ex vicepresidente Eduardo Stein fueron los encargados de explicar la situación de país y los problemas que aquejan a la nación centroamericana.

Stein declaró a la agencia de noticias Ap que fue una reunión exitosa, significativa y alumbra ya intenciones operativas concretas que la vicepresidenta está buscando obtener de las organizaciones que tienen en territorios que son los principales expulsores de migrantes a Estados Unidos.

El ex vicepresidente comentó que Harris habló de la falta de buen gobierno en el país y de las necesidades que se deben fortalecer en esa área. Yo si quise enfatizar que los problemas de raíz, los que motivan la migración forzada, no van a poder ser resueltos si no se enfrentan con energía y voluntad política los problemas de corrupción, impunidad y el estado de derecho.

El Departamento de Estado explicó que los 310 millones de dólares adicionales para la región que anunció Harris a principios de la semana, se dividirán así: 104 millones de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, 125 millones de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 26 millones del Departamento de Defensa y 55 millones del Departamento de Agricultura.