Ciudad de México. La hija de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, Mariana Moguel, obtuvo una suspensión provisional del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, contra cualquier orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de inmovilizar y/o asegurar sus cuentas bancarias registradas en BBVA, antes BBVA Bancomer.
La hija de la ex secretaria de Estado promovió el recurso el pasado 15 de abril, y señaló como actos reclamados la violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución.
De acuerdo con el resolutivo, la Administración General de Recaudación y a la Administración General Jurídica, ambas del Servicios de Administración Tributaria y el presidente, así como directores generales adjuntos de atención a autoridades "A", "B", "C" y "D", todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), rindieron su informe previo, para señalar si existe algún mandamiento de congelar las cuentas bancarias de Mariana Moguel Robles y porqué motivos.
El impartidor de justicia fijó el próximo 3 de mayo para que se lleve a cabo la audiencia incidental, el juez resolverá en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y en su caso, sobre el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal.
Para ello las partes tendrán que desahogar pruebas, entre ellas documentales, o presentar alegatos donde se oyen las manifestaciones o razonamientos formulados por las partes, quejoso, tercero perjudicado y Ministerio Público o integrantes de la UIF, respecto a la procedencia de la suspensión.
En la actualidad, Rosario Robles, madre de Mariana Moguel, permanece privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Martha Acatitla, desde agosto de 2019 por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) la responsabiliza de ejercicio indebido del servicio público y daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual solicita una pena de 21 años de prisión.
