Toluca, Méx. Manuel Germán Ramírez Valdovinos lleva casi 21 años –la mitad de su vida— preso por un crimen que no cometió. En el año 2000 fue detenido en el municipio mexiquense de Acolman acusado del homicidio de una persona que presuntamente se encuentra con vida.

El juicio al que fue sometido Ramírez Valdovinos (quien actualmente tiene 42 años de edad) y que concluyó con una sentencia de 41 años de prisión, estuvo plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso y con esos elementos el pasado jueves se presentó una solicitud formal de amnistía para que el Congreso del Estado de México y la Comisión Estatal de Derechos Humanos estudien su caso y lo evalúen para ver si es procedente.

La solicitud formal de amnistía fue presentada por el diputado federal de Morena, César Carrizales “El Mijis” y el activista Bryan Carlos LeBarón, quienes llevan dos años estudiando el caso de Manuel Germán. Ambos acudieron ante la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía de la Legislatura estatal, que a la fecha ha recibido 108 solicitudes de reos acusados de delitos graves y que reclaman haber sido imputados con pruebas fabricadas.

La noche del 26 de mayo del año 2000, Manuel Germán Ramírez Valdovinos tenía 21 años de edad y era maestro de música en una preparatoria de Texcoco, cuando fue detenido en su casa del municipio de Acolman por unos policías judiciales que irrumpieron en la fiesta de un año de su único hijo y a jalones y golpes se lo llevaron.

El ahora sentenciado relató que durante tres horas los elementos policiacos lo torturaron para que confesara un homicidio que no cometió. En una bodega lo colgaron de unas cadenas, lo golpearon y le dieron descargas eléctricas, luego lo metieron a una tinaja de agua helada para que no se notaran las agresiones.

Antes de la media noche fue presentado ante el ministerio público con una confesión hecha a mano por los propios judiciales y firmada por Manuel, tras la tortura.

Durante su proceso hubo varias anomalías en las que se comprobó que el cadáver de la supuesta víctima no correspondía con las especificaciones de a quien había asesinado, pues se encontró una diferencia de 10 centímetros y las características físicas del occiso eran muy diferentes. Aún así fue sentenciado en 2003.

Años después, vecinos de Acolman señalaron que el hombre de 19 años, supuestamente asesinado, seguía vivo. Esporádicamente esta persona visitaba la casa de sus padres en la comunidad de Tepexpan, en Acolman. Personas allegadas a la familia de la víctima comentaron a parientes del maestro que el joven que se hizo pasar como víctima vive en Estados Unidos y que todo el asunto fue fraguado por el papá de este sujeto, pues había cometido varias fechorías y lo mejor es que lo dieran por muerto. El padre habría pagado a lo judiciales más de 150 mil pesos por atrapar a un presunto culpable del supuesto homicidio de su hijo.

En 2006, Manuel Germán logró a través de recursos jurídicos que el cadáver que se había tomado como prueba del crimen fuera exhumado. Se comprobó que no era de las características del joven que presuntamente mató, ni por tamaño, ni complexión, ni había correspondencia con la forma del cráneo.

A pesar de los resultados de los peritajes, los magistrados del Poder Judicial se negaron a otorgarle la libertad al profesor pues el hecho de que ese cadáver no es el de la víctima, no quiere decir que no haya cometido el delito y le advirtieron que hasta que no haya una prueba indubitable de que la persona presuntamente asesinada vive, no podrá salir de prisión.

El caso de Manuel Germán ha sido retomado por organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras.

El jueves César Carrizales y Bryan LeBarón entregaron todo un expediente detallado del caso de Ramírez Valdovinos a la espera de que los diputados analicen el asunto.

De acuerdo con los artículos 16 y 17 de la Ley de Amnistía, recientemente aprobado por el Congreso mexiquense, la comisión legislativa de amnistía tendrá que solicitar opinión técnica a Derechos Humanos, al Poder Judicial, a la Fiscalía de Justicia y a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la entidad, y después emitir un acuerdo que sea turnado al Poder Judicial para que sea éste quien resuelva.