La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam Pardo, propuso cancelar de forma definitiva la licencia de conducir en la primera ocasión en la que se determine que el operador de un transporte público de pasajeros o de carga conduce alcoholizado, narcotizado o bajo el efecto de alguna otra sustancia tóxica; obliga a quienes estuvieron involucrados en un percance a ser sometidos a pruebas de detección e impide que las personas sancionadas puedan tramitar una nueva licencia o usar permisos de otras entidades federativas.
Mediante una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad que entregó al Congreso de la Ciudad de México, se obliga además a que las pólizas de seguro de responsabilidad civil de las unidades sean contratadas con empresas reconocidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y plantea incrementar la cobertura mínima que es actualmente de 2 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (224 mil 50 pesos a su valor vigente este año), a 50 mil UMA (4 millones 481 mil pesos) y 5 mil más (448 mil 100 pesos) por cada pasajero y el conductor.
“Con esto se garantizaría la reparación del daño que la unidad concesionada pudiera ocasionar a los usuarios, conductores o terceros en su persona o patrimonio”, señala el proyecto de decreto en su exposición de motivos y precisa que dichos montos fueron revisados en mesas de trabajo con la CNSF y la Asociación Nacional de Instituciones de Seguros y Fianzas (AMIS).
La reforma, precisa, elimina ambigüedades ya que más de la mitad de las unidades de transporte público concesionado cuentan con pólizas de seguro con sociedades mutualistas, sin reconocimiento de la CNSF, lo que deja en la indefensión a las víctimas al no tener garantizado el pago de la reparación del daño, mientras que el responsable del accidente puede continuar circulando.
Prevé que la omisión a las disposiciones en materia de póliza de seguro –para las que se establece un plazo de 80 días hábiles a partir de su entrada en vigor– será causal de revocación de la concesión y permisos al concesionario.
En el caso de las disposiciones relativas al uso de alcohol y drogas, la iniciativa advierte con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que en alrededor del 70 por ciento de los casos de accidentes viales no se establece si el responsable conducía alcoholizado o bajo el efecto de alguna otra sustancia, lo que es fundamental para determinar la culpabilidad del conductor y la reparación del daño.
Otra de las modificaciones a la ley señala que la revocación de la concesión y permisos también se aplicará cuando se presente un suceso de muerte por la prestación del servicio imputable al conductor o tres sucesos de lesiones.
Con ésta reforma, el gobierno de la ciudad propone además fortalecer el uso de medios electrónicos y reducir el flujo de efectivo por parte de los usuarios de transporte público al permitir el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada, y su infraestructura, el cobro de otros servicios complementarios dentro de la infraestructura de los Centros de Transferencia Modal (Cetram) como el acceso a sanitarios.
Se transforma además al Órgano Regulador de Transporte (ORT) de órgano desconcentrado a organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Movilidad (Semovi), a fin de dotarlo de personalidad jurídica y patrimonio propio a efecto de los recursos que capte se incorporen a su patrimonio a fin de que esté en condiciones de mejorar la calidad, seguridad, accesibilidad, comodidad y eficiencia de los servicios de transporte público y concesionado, así como los complementarios en los Cetram, así como coadyuvar en el de los que forman parte del Sistema Integrado de Transporte Público: Metro, Metrobús, Ecobici, Biciestacionamientos, la Red de Transporte de Pasajeros y la de Transportes Eléctricos, incluido el Cablebús.
