Ciudad de México. La emigración en América Latina y el Caribe es de 6.6 por ciento de su población, la cifra no sólo va al alza, triplica la proporción de gente que llega a la región. Bajo la crisis actual es necesario que a todos se garanticen vacunas y acceso a otros servicios públicos, que se depongan los procesos de deportación y que los procesos de regularización migratoria sean permanentes, expusieron los titulares de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes.

Durante la revisión regional de implementación del Pacto Mundial para la Migración, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal detalló que los efectos de la crisis por Covid-19 en la población migrante son más extendidos. En 2020 el 53 por ciento de los migrantes en Centroamérica y México resintió o una “muy fuerte reducción de sus ingresos” o no recibió pago.

“La pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a servicios sociales, el trabajo informal, la violencia, la inseguridad, los conflictos políticos y el efecto del cambio climático, sean las sequías o las inundaciones, siguen obligando a las personas a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor en el extranjero”, detalló António Vitorino, director general de la OIM.

Subrayó que esta vulnerabilidad de la que sale la población migrante y le lleva al desplazamiento hacen más obligado que se garanticen vacunas para esta población; así como procurar una migración segura y regular. Recalcó que para ello son necesarios más recursos, por lo que pidió a los países donar al fondo fiduciario que acompaña al Pacto Mundial para la Migración.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, recalcó que los efectos sociales de la pandemia se resentirán por algún tiempo más y en ese contexto es necesario que los procesos de regularización migratoria sean permanentes, que se depongan los procesos de deportación, no sólo por derechos humanos, también de salud pública; así como el que se garantice el acceso a servicios públicos, como salud y educación, sin intercambiar información con autoridades migratorias.

Nancy Pérez y Berenice Valdez, representantes de la sociedad civil, recalcaron que las demandas en el tema escalan. En 2019 América Latina se convirtió en el mayor receptor de solicitudes de asilo en todo el mundo, impulsada por las salidas de población en Venezuela y Centroamérica, esta última azorada por la violencia y el cambio climático.

Las activistas llamaron a que se genere un mecanismo que también incluya a la sociedad civil y que se comiencen a promover políticas concretas alrededor de la migración y no sólo enunciados de buenas prácticas.