Ciudad de México. En cuanto al manejo financiero y operativo de las prisiones federales, las administraciones anteriores dejaron un pasivo de más de ocho mil millones de pesos a este gobierno, que incluían hasta deudas relacionadas con el suministro de energía eléctrica.

Además, en el gobierno actual prácticamente no existía posibilidad de inversión para mejorar los centros federales de readpatación social, pues los ocho centros penitenciarios construidos por la iniciativa privada absorbían la mayor parte de los recursos y el restante se utilizaba para cubrir salarios, informó José Ángel Ávila, titular del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OAPyRS).

En entrevista con La Jornada, quien fuera secretario general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en esta administración, antes de ser designado comisionado del OADPyRS, señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si durante las administraciones anteriores se incurrió en contrataciones con sobreprecio, y por ello la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó las denuncias correspondientes.

Estos pasivos por más de ocho mil millones de pesos son independientes a 300 mil millones de pesos que se encuentran en investigación, y en la que se involucra al ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Esta indagatoria se encuentra en la Fiscalía General de la República.

Puntualizó: es claro que se comprometió demasiado dinero y por muchos años. Hoy estamos viendo que eran excesivos los montos que había que pagar. Por ello resulta benéfico lo que anunciaron el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, que tras una negociación los titulares de esos contratos aceptaron una reducción sensible que va a significar un ahorro a la vigencia de todos los contratos de más de 40 mil millones de pesos.

–¿Cuál es la inversión que se ha realizado en esta administración en equipo, tecnología y vigilancia en los centros federales?

–No hemos hecho inversiones importantes en esa materia en lo que va de esta administración. En realidad la mayor parte del presupuesto de este órgano se ha canalizado en pago de los contratos de los reclusorios privados y el resto es el gasto de operación ordinario.

“Hemos logrado mantener funcionando los sistemas a través de los contratos de mantenimiento, pero estos recursos han sido infinitamente menores a lo que se hacía antes, porque hemos desarrollado y contratado mantenimientos con empresas que no tienen exclusividad de licencias, que es de las situaciones que hacen más caros los servicios. Ahora tenemos licencias abiertas, cualquiera puede intervenir en su mantenimiento y eso nos permite abatir los costos.

En resumen, no hemos hecho grandes inversiones en materia tecnológica, más bien es puro mantenimiento el que estamos dando.

–¿Es verdad que han enfrentado pasivos de las administraciones anteriores?

–Sí, sí, muchos. El presupuesto de 2019 venía todavía arrastrando pasivos de los años anteriores, por el orden de los ocho mil millones de pesos.

Tuvimos que tomar recursos de ese presupuesto (2019) para ir pagando, siempre cuidando con mucha pulcritud que efectivamente los servicios se hubieran otorgado y que los bienes estuvieran funcionando. Y con ello logramos abatir los pasivos a grado tal que este año 2021 ya no tenemos arrastrando ningún pasivo de años anteriores. Entonces, ha sido un proceso también de saneamiento presupuestal muy importante.

–¿Con qué estaban relacionados esos pasivos?

–Hay de todo tipo de contratos. Había pasivos relacionados con los servicios de alimentación del año 2018, había algunos mantenimientos de equipos tecnológicos, había pasivos incluso de energía eléctrica, no se había pagado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante un buen tiempo. Se le debía dinero.

Asimismo, había un pasivo importante con el Servicio de Protección Federal, a quien hay que pagar los servicios que nos da y los elementos que nos incorpora para vigilar inmuebles, bueno, los contratos que se debían eran muy diversos.

–¿Cuál es para usted la investigación más importante que se esté llevando a cabo en torno al órgano que encabeza?

–Fundamentalmente lo que tiene que ver con los contratos de los ocho reclusorios que se construyeron con recursos público-privados, precisamente por la naturaleza de los contratos y la magnitud de las operaciones.

“Para nosotros era fundamental que los contratos se revisaran desde todas las ópticas, entonces, una vez que se tuvieron los resultados de la revisión de las respectivas cuentas públicas de los años en que se ejerció este dinero, tanto por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como de nuestro propio órgano interno de control, la secretaria Rosa Icela Rodríguez ordenó que se denunciara ante la FGR para efectos de que se investigue la legalidad de los contratos. Esto nos dará certidumbre de cómo se manejó este asunto.