Ciudad de México. El próximo 26 y 27 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) realizará una serie de audiencias en las que muy probablemente le ordenará al Estado mexicano que reabra la investigación de la muerte de la abogada Digna Ochoa, por haber evidencias suficientes de que la investigación sobre el caso estuvo mal realizada para ocultar que se trató de un asesinato y no de un “suicidio simulado”.
Así lo indicaron activistas y familiares de la víctima, quienes subrayaron la importancia de llegar a la verdad sobre el caso, pero también de reivindicar el nombre de Ochoa, el cual fue “enlodado” en las pesquisas de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), organismo que se concentró únicamente en la vida personal de la mujer y desechó la línea de investigación relacionada con su actividad profesional.
En conferencia de prensa, Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, enfatizó que tras el asesinato de Digna Ochoa, ocurrido el 19 de octubre de 2001 en la Ciudad de México, se llevó a cabo una indagatoria que a la fecha tiene más de 50 mil fojas, pero que no se ha realizado de forma adecuada.
“La investigación se centró fundamentalmente en su vida personal y se enlodó su trabajo, cuando ella era una connotada defensora de derechos humanos que se había enfrentado a estructuras del poder público, como militares y caciques”, recordó la litigante.
Luego de destacar que Ochoa fue blanco de amenazas y hostigamientos desde finales de la década de los 90 que nunca fueron indagados –lo cual la llevó incluso a exiliarse varios meses en Estados Unidos--, Salas lamentó que las mismas deficiencias de la indagatoria de la PGR en el caso de Digna se siguen cometiendo en la actualidad.
“Buscamos la reapertura de la investigación, que la narrativa cambie y que cambie la imagen de Digna construida a través de filtraciones y peritajes manipulados, donde se establece que ella se suicidó. Digna fue asesinada como consecuencia directa de su lucha en defensa de los derechos humanos”, recalcó.
Por su parte, Gisela de León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, destacó que la eventual instrucción al Estado mexicano de que reabra la investigación sobre este caso es prácticamente un hecho.
“No creemos que sea posible que no reabran la investigación, porque ya lo ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo. Hemos presentado suficientes pruebas de que las investigaciones no se llevaron a cabo de manera adecuada y hay abundante información de que la indagatoria se basó en estereotipos de género; no se indagó en su trabajo, sino en su vida privada y hubo negligencias en el manejo de las pruebas”, señaló.
Jesús Ochoa, hermano de Digna y representante de la familia de la víctima, enfatizó que las audiencias del lunes y martes próximos “van a corroborar lo que hemos sostenido por 20 años: que a Digna la asesinaron el 19 de octubre de 2001.
“A nosotros no nos cabe la menor duda, por eso iniciamos una lucha contra el Estado mexicano, y después de 19 años estamos ante la CorIDH. Los próximos días 26 y 27 tendremos la oportunidad de que se reabra el caso nuevamente, y eso para la familia es un triunfo, en lo legal y jurídico, pero también en lo sentimental”, recalcó.
