Ciudad de México. El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso capitalino, Ricardo Fuentes Gómez, de Morena, aseguró que el legislativo está en tiempo para atender la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) que revocó el nombramiento del contralor del Instituto Electoral local (IECM), Francisco Calvario Guzmán, y fijó un plazo de diez días hábiles para presentar un nuevo dictamen.

El legislador informó en sesión ordinaria de la comisión que el próximo miércoles estaría convocando nuevamente a sesión junto con la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso de la Ciudad de México, que tienen pendiente también resolver sobre la propuesta del pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), para designar al frente de la contraloría interna a Ángel Osvaldo Ubaldo Núñez.

En el primer caso, Fuentes explicó que al resolver la queja promovida por Jorge Alberto Diazconti, quien aspiraba a dirigir el órgano de control interno del IECM –cargo que ya había desempeñado con anterioridad–, el TECDMX ordenó solamente emitir un nuevo acuerdo en el que se indique que Calvario Guzmán cumple con los requisitos que establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, debido a que el dictamen sólo aludió a os que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupción Local.

Por otra parte, el legislador informó que está a la espera de la notificación del TECDMX respecto de la resolución que emitió ayer en la que se ordena al Congreso aplicarle una sanción por violar los tiempos de difusión de sus informes legislativos en el proceso electoral, y anticipó que la impugnará al considerar infundada la queja correspondiente.

Explicó que como legisladores están obligados a presentar sus informes anuales de actividades y advirtió que hay una contradicción normativa en tanto que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales  y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México prevé que los informes de servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se realicen inclusive dentro del periodo de precampañas y campañas electorales, la Ley de Participación Ciudadana lo prohíbe.

Refirió que ya inclusive una iniciativa de su compañera de bancada, Guadalupe Morales Rubio, para corregir esa situación al considerar que esta última se extralimita respecto de lo que señala la legislación electoral.