Ciudad de México. A lo largo de 2019 fueron asesinados 210 defensores ambientales en el mundo, dos de cada tres en América Latina y “2020 ha sido peor”, expuso Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante un evento en el que se conmemoró la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
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Si bien la secretaria ejecutiva no dio cifras para 2020, datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental muestran que el año pasado se contabilizaron cerca de 90 agresiones contra activistas ambientales en México y 18 fueron asesinados.
Así, en el marco del Día Internacional de la Tierra entra en vigor el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, acordado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, de donde toma su nombre.
Hasta ahora es el mayor convenio multilateral en materia de derecho al medio ambiente sano y al desarrollo sostenible; se ha ratificado por los gobiernos de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay.
Bárcena dijo que si bien la pandemia de Covid-19 ha transparentado los problemas estructurales de la región y dejado la peor caída de la actividad económica en la historia —con retrocesos de diez años en ingreso para la población y 14 en pobreza— “los presupuestos ambientales han sido sacrificados en muchos países, claro para atender la emergencia, pero también estamos ante una tragedia ambiental que requiere atención”, advirtió.
México buscará mecanismo de protección para defensores ambientales
Durante la entrada en vigor del acuerdo, Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales de México, dijo que el país cuenta con “una base normativa muy solvente” en materia ambiental, pero aún con el convenio se requiere reforzar el marco legal mexicano.
“Vamos a reforzarlo y se van a explorar mecanismos que nos permitan contar con un sistema de acceso a la justicia que sea todavía más transparente, dinámico y que proteja a los defensores del medioambiente en nuestro país, es un tema que hemos detectado que es muy sensible”, dijo.
Agregó que, por ahora, el país traducirá el acuerdo a cinco lenguas indígenas; el náhuatl, el maya el zapoteco, el mixe y el mixteco; y se realizarán campañas radiofónicas de difusión coordinadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El Acuerdo de Escazú funda sus 26 artículos en el acceso a la información, a la justicia y a la participación ciudadana en materia ambiental. En México fue ratificado por el Senado el 5 de noviembre de 2020. Dado que en el país los tratados internacionales se consideran parte del bloque de constitucionalidad, su observancia y aplicación es obligatoria, con un peso similar al de la Constitución.
