León, Gto. Como consecuencia de los abusos que la policía del gobierno panista León cometió contra mujeres, menores de edad y periodistas que participaron en la manifestación del 22 de agosto del 2020, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) emitió una Propuesta General a los 46 gobiernos municipales para que aprueben un reglamento que garantice el derecho a la manifestación e integren una comisión en ese rubro.
La propuesta PDHEG/01/2021 contiene seis recomendaciones en las que se pide cumplir con esa obligación a través de planes estratégicos y acciones que prevengan violaciones a los derechos fundamentales.
“Aprobar la creación de un reglamento que garantice el ejercicio del derecho humano”, así como integrar una Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento, señala el documento emitido por el ombudsman, Vicente Esqueda Méndez.
Los 46 ayuntamientos del estado deben diseñar programas de capacitación policial con una “formación específica sobre el derecho a la manifestación, gestionada desde el diálogo y la prevención”, solicitó el organismo.
Además deben socializar y difundir el contenido de la propuesta general entre los servidores públicos y entre los organismos de la sociedad civil.
“Las autoridades informaran a este organismo si aceptan la Propuesta General PDHEG/01/2021, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su notificación”, refiere.
La Propuesta General tiene el objetivo de “que no se vuelvan a cometer violaciones a derechos fundamentales” como los ocurridos, el 22 de agosto del 2020, en la manifestación de mujeres realizada en la ciudad de León, argumentó Vicente Esqueda.
En esa manifestación, donde se violaron los derechos humanos de mujeres y mujeres periodistas, el gobierno de León omitió establecer y documentar una planeación del operativo con lo que inobservó su obligación de garantizar el derecho a la manifestación, refiere.
“Quedó probado que la autoridad municipal —que encabeza el alcalde Héctor López Santillana— no aseguró jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, al no existir lineamiento de actuación que definieran y precisara el uso de la fuerza”, señaló Esqueda Méndez.
Recordó que el día de la manifestación se vulneró el derecho al libre ejercicio periodístico cuando policías agredieron físicamente y verbalmente a las reporteras que cubrían la manifestación.
El 22 de agosto del año pasado, mujeres realizaron una manifestación para repudiar el tocamiento y acoso sexual que sufrió Evelyn el 15 de agosto del 2020, por parte de dos policías municipales, Juan y Eduardo, quien se encontraba en el interior de un vehículo, estacionado en calle Madero, en las inmediaciones del Templo Expiatorio. Ambos se encuentran presos actualmente.
Durante la protesta, la policía del gobierno de León realizó arrestos arbitrarios, lesionó y amenazó a 15 mujeres y cuatro reporteras.
El 19 de septiembre del año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los oficiales fueron arrestados y vinculados a proceso penal por los delitos de abuso sexual, hostigamiento sexual y abuso de autoridad.