Ciudad Juárez, Chih. El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua entregó información al Tribunal Electoral sobre la situación jurídica de la candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, respecto a la investigación sobre corrupción como beneficiaria de la llamada “nómina secreta” del ex gobernador César Duarte Jáquez y de otra audiencia por corrupción que tiene pendiente.

Por la denuncia que presentaron contra Campos Galván en el Tribunal Electoral del Estado los partidos Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y Morena, quienes impugnaron el registro de Campos Galván como candidata, instancia que sumó los tres juicios en uno solo (RAP-65/2021), y que ha requerido al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua la información actualizada sobre el caso.

Al encontrar evidencia de la acusación que hizo la Fiscalía General del Estado contra la candidata panista, fue vinculada a proceso luego de una docena de amparos por los delitos de cohecho pasivo, al determinar el juez como válidas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, como son los 34 recibos firmados por la imputada por un monto superior a los 9 millones de pesos que recibió del ex mandatario.

En el mismo expediente se menciona que la ahora inculpada recibió más de dos millones de pesos para reparar su vivienda, supuestamente afectada por las lluvias, y para su hermano como pago a presuntos servicios comerciales que resultaron falsos. También se le comprobó el pago de deuda personal con una tarjeta del mismo Gobierno el Estado.

La misma Campos Galván, en otro caso del que aún no tiene la audiencia es acusada de recibir sobornos millonarios de empresarios por asignar obra pública durante su gestión como alcaldesa de Chihuahua, cargo en el que se encuentra con licencia

La solicitud de información se dio luego que el TEE dio entrada a los recursos promovidos por los partidos políticos en contra de la candidata acusada de corrupción y acordó se acumulen los juicios al identificado con el número RAP-65/2021.

Son tres las denuncias que han presentado partidos políticos contra María Eugenia, bajo los expedientes RAP-65/2021, RAP-73/2021 y RAP-78/2021, y las partes acusadoras son Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y Morena, quienes se inconformaron en contra de la resolución IEE/CE100/2021 del Consejo del Instituto Estatal Electoral, que declaró procedente y aprobó el registro de Campos Galván como candidata a gobernadora.

En el oficio que enviaron a la Fiscalía del Estado le solicitan que rinda un informe en que etapas se encuentran los procedimientos, la razón jurídica de la vinculación a proceso y las medidas cautelares adoptadas por esa autoridad judicial en la causa 2821/2020, ya que se establece que Campos Galván habría recibido sobornos por 10.3 millones de pesos entre 2014 y 2016 del ex gobernador César Duarte Jáquez.

Morena y MC acusan que permitir a Maru competir por gubernatura es inconstitucional y por ese motivo impugnó oficialmente la resolución de registro de la candidatura de Campos Galván ante el Consejo del IEE el pasado 6 de abril.

Por su parte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, también presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral. Consideran que la decisión que tomó el IEE de avalar la candidatura de Campos Galván fue inconstitucional cuando es probable responsable del delito de cohecho.

a nueva imputación que hará la Fiscalía Anticorrupción a Campos Galván es por los delitos de cohecho y uso ilegal de facultades, bajo la causa penal 3022/2020 y se derivó de los resultados que entregó la Auditoría Superior del Estado al revisar cuentas públicas correspondientes a su gestión en la Presidencia Municipal de Chihuahua.

En este expediente existen más imputados, de acuerdo con las indagatorias que realizó la Fiscalía Anticorrupción. La Defensa de Maru Campos pidió que la audiencia se suspendiera tres meses. El Juez de Control negó suspenderla. Aclaró que cuando la Fiscalía haga nuevamente la solicitud, definirá la fecha. Tomando en cuenta los términos legales, la audiencia tendría que fijarse 15 días después de que la Fiscalía la solicite.

Según la causa penal, cinco compañías estaban vinculadas entre sí y simularon competencia en los procesos de licitación: Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC S.A. de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.