Pachuca, Hgo. Este miércoles, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, activistas de los municipios de Acaxochitlán, Huautla y Tlanchinol exigieron al gobierno federal y a organismos internacionales que intervengan para detener la tala ilegal que propician los aserraderos de la entidad.

En Acaxochitlán, municipio indígena del Valle de Tulancingo, los ecologistas Jesús Arturo Gómez, Illiria Ninelth Gómez, Jesús Alfredo Fuentes y Andrea Islas presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuatro denuncias en contra de propietarios y administradores de aserraderos que operan en la zona boscosa de la comunidad Zacacautla, con permisos expedidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Aseguraron que esas factorías incurren “en actos que afectan el equilibrio ecológico en materia forestal, dañan los recursos forestales (...) y contravienen las disposiciones de la Ley para la Protección Ambiental del estado de Hidalgo, la Ley del Desarrollo Forestal Sustentable” local y la legislación general “de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”.

De acuerdo con las quejas interpuestas ante el delegado de la Profepa en la entidad, Sergio Islas López, y la encargada de despacho de la dependencia, Lucero Estrada, los aserraderos en cuestión reciben productos maderables resultado de tala ilegal que, refirieron los inconformes, ha sido devastado sistemáticamente durante los últimos 20 años por leñadores al servicio de una familia de apellidos Canales Templos.

Aparte, la activista Filiberta Nevado, dirigente del colectivo Kuautlali, afirmó que ya se arrasaron prácticamente todas las 55 hectáreas boscosas de la región, por lo que la Profepa debe intervenir de inmediato para evitar una catástrofe ecológica. Destacó que la tala clandestina de pinos, sabinos, ocotes y oyameles se intensificó de cinco años a la fecha, principalmente entre 2020 y 2021.

A principios de este año, Kuautlali publicó en su cuenta de Facebook que “todos los días pasan por lo menos tres camionetas cargadas de árboles” cortados ilegalmente. Además, acusó a las autoridades de ser “omisas y cómplices”.

Nevado dijo que el ecocidio comenzó en 2020 por parte de la familia Canales Templos, junto con taladores armados llamados Los Negros, quienes amenazan y agreden a quienes se oponen a sus labores.

En Huautla, demarcación huasteca en los límites de Hidalgo y Veracruz, activistas reclaman por la constante pérdida del bosque. La activista y asesora legislativa Beatriz Vargas dio a conocer que en los últimos meses ha recibido reportes de que a diario, vehículos cargados de troncos transitan de madrugada por la cabecera municipal.

Asimismo, en el municipio serrano de Tlanchinol, habitantes del pueblo Chipoco acusaron a empleados de la empresa minera Autlán –propiedad de José Antonio Rivero Larrea, primo de Germán Larrea Mota Velasco, a su vez dueño de Grupo México— de saquear cerros para extraer manganeso, derribando árboles sin los permisos correspondientes.