Ciudad de México. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), urgió a la realización de una reforma integral de la arquitectura financiera internacional, así como promover mecanismos para aumentar la liquidez, con el objetivo de disminuir las presiones de gasto a las que ha orillado el Covid-19, el alto endeudamiento de los países previo a la pandemia y su aumento con ésta, así como los altos intereses que se cobran a las economías en desarrollo.
Los espacios para modificar esta estructura empiezan con los programas tradicionales del Fondo Monetario Internacional (FMI), explicó.
Sólo los recargos que se cobran en ellos afectan a 30 por ciento de los países que tienen algún crédito y terminan siendo “su mayor fuente de financiamiento”, al concentra más de 50 por ciento de la capacidad de préstamo del organismo, destacó.
Al presentar el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, Bárcena detalló que en ese sentido se necesita aumentar y redistribuir la liquidez desde países más ricos a aquellos en vías de desarrollo, por medio de la emisión masiva de Derechos Especiales de Giro (DEGs) y su reasignación de forma voluntaria a nuevos mecanismos, como un fondo fiduciario.
A diferencia de otros programas del FMI, que tienen “costos sociales muy significativos”, los DEG no son crédito, no generan deuda, tienen una tasa de interés de 0.05 por ciento, muy por debajo de la del mercado, y no implican condicionamientos para los países, destacó.
Además de promover mayor liquidez, Bárcena mencionó como necesaria una reforma institucional a la arquitectura de la deuda multilateral, que a su vez contemple la reestructuración con los inversionistas privado, incluya cláusulas de acción colectiva y también que se introduzca al debate el papel de las agencias calificadoras de riesgo.
Para enfrentar los efectos de la pandemia, en 2020 los países de la región anunciaron esfuerzos fiscales por un 4,6% del PIB en promedio con el fin de fortalecer los sistemas de salud, apoyar a las familias y proteger la estructura productiva: #PanoramaFiscal #CEPAL. pic.twitter.com/NKOF3yZxTL
— CEPAL (@cepal_onu) April 21, 2021
Dado que el crecimiento en 2021 no compensará la magnitud a la que cayó la economía en 2020, subrayó que se necesita visualizar el gasto público como instrumento de desarrollo y, como contraparte, se requieren mecanismos multilaterales de renegociación de deuda, e impuestos a la solidaridad y a la riqueza.
Además de que el pago del servicio de la deuda es cinco veces mayor que en países de ingresos altos, explicó que el año pasado, la deuda en América Latina aumentó 10.7 puntos porcentuales para llegar a un nivel máximo de 56.3 por ciento como proporción del producto interno bruto (PIB). En el caso de México pasó de 36.1 por ciento a 41.9 por ciento, según cálculos de la Cepal. Incluso en Barbados, Belice, Jamaica terminó por arriba del 100 por ciento.
Más allá de estas medidas, dijo que se necesita eliminar evasión fiscal —como referencia el incumplimiento tributario alcanza 6.1 por ciento del PIB en América Latina—, imponer una tasa mínima global a los corporativos, reducir gastos tributarios y procurar una mayor distribución de ingreso y aumentar la recaudación.
Por ejemplo, en impuesto sobre la renta, la región recauda 6.3 por ciento del PIB, frente al 11.5 por ciento del promedio en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras el impuesto al valor agregado —que se considera de los más regresivos— representa 11.5 por ciento frente al promedio de 10.9 por ciento, respectivamente.
Por ello, reiteró el llamado de António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, para que se instrumente un impuesto a la riqueza, impuesto solidario, para aquellos que resultaron ganadores con la crisis; así como otras medidas al patrimonio neto, el cual considera un descuento en las deudas.
#ALC es una de las regiones más endeudadas del mundo. La expansión del gasto público para atender la crisis y la caída en la recaudación tributaria conllevó aumentos en los niveles de endeudamiento. La deuda pública bruta de los gobiernos centrales llegó a 56,3% del PIB. pic.twitter.com/GymSeOSwL5
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