Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó el ingreso al país o deportó a mil 893 extranjeros durante 2020 y el primer trimestre de este año, debido a que pusieron en riesgo la seguridad nacional, por estar relacionadas con actividades ilícitas, contar con órdenes de aprehensión o ser requeridos por autoridades de otras naciones.

El INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, explicó en un comunicado que esas determinaciones se dieron con base a la Ley de Migración. En un comunicado puntualizó que entre sus facultades están realizar labores de control migratorio para corroborar la situación de extranjeros en territorio mexicano, y prevenir el ingreso o estancia de quienes tengan antecedentes por delitos cometidos dentro o fuera del país.

Explicó que entre enero y diciembre de 2020, a 208 personas se les impidió el ingreso al país en el marco del programa “Ángel Guardián”, al estar acusadas por agresiones sexuales; 630 fueron deportadas por incumplir con la Ley de Migración o ser requeridas por la justicia de su país; 250 más regresaron a su nación al estar vinculadas -a través del “Operativo Platino”- al denominado sistema “gota a gota” (cobro de préstamos irregulares).

Además a 311 personas se les negó el acceso al mediar una denuncia por agresiones, 76; drogas, 70; robo, 50; delitos sexuales, 26; falsificación, 26; homicidio, nueve; allanamiento, ocho; trata de personas, ocho; violencia, tres; portación de armas prohibidas, tres; tentativa de homicidio, dos; miembro de pandilla, uno; resistirse a la autoridad, uno, y por otros delitos, 28. De este grupo tiene 136, son de Honduras; 97, de Guatemala; 59, El Salvador; nueve, Nicaragua; cinco, Cuba; y de Estados Unidos, China, Ecuador, Perú y Colombia, uno por país.

En tanto, del primero de enero al 31 de marzo del 2021, se identificaron a 494 extranjeros, de los cuales se impidió el acceso a México a 31 con antecedentes de ofensa sexual, en el marco del programa “Ángel Guardián; en el caso de 454 adicionales se determinó su deportación por incumplir con la Ley de Migración, y nueve más por denuncias por drogas (tres), lavado de dinero (una), robo (tres), fraude (una) e invasión a la privacidad (una). De estas últimas nueve, cuatro corresponden a personas originarias de Colombia, uno de Irak, uno de Brasil, dos de Ecuador y uno de Rumania.