Para prevenir una crisis humanitaria ante el aumento de los flujos migratorios en la frontera entre México y Estados Unidos, ambas naciones deben evitar militarizar sus fronteras y reducir las barreras logísticas para los solicitantes de asilo, señalaron casi una centena de académicos de universidades y centros de investigación de los dos países.

“Las políticas de detención y deportación masiva, así como las estrategias de disuasión, no sólo no contribuyen a disminuir los flujos migratorios, sino que generan riesgos graves para la salud y la integridad física de los migrantes”, señalaron.

En un documento dirigido a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, 97 académicos e investigadores especialistas en el tema migratorio, señalaron que las autoridades de los dos países deben garantizar el derecho internacional al asilo y la implementación de procedimientos para una migración segura y ordenada.

“Esto permitirá reducir la movilidad de niñas, niños y adolescentes no acompañados y disminuirá la probabilidad de una crisis de salud”.

Al presentar este lunes el documento en videoconferencia, indicaron que si bien la retórica de la administración de Biden ha introducido una visión humanitaria al tema, la cual había sido eliminada totalmente durante el gobierno de Donald Trump, en los hechos las estrategias siguen siendo muy parecidas.

“Hasta ahora las políticas hacia los que migran del sur para solicitar asilo en Estados Unidos no han cambiado. Se mantienen los acuerdos para frenarlos. Aún no sabemos si esto es una continuación (de las estrategias de Trump), pero parece que sí a nivel superficial. No sé si la administración de Biden quiere esperar para poder cambiar un poco el sistema de asilo”, sostuvo Robert McKee Irwin, académico del Centro de Migración Global de la Universidad de California en Davis, en referencia a los acuerdos anunciados la semana pasada por la Casa Blanca para que los gobiernos de México, Honduras y Guatemala envíen más tropas a sus fronteras para detener la migración.

Al respecto, Emiliano Díaz, investigador del Colegio de la Frontera Norte, enfatizó: “Una política militar y restrictiva favorece a los coyotes (tratantes de personas) y aumenta los riesgos de violaciones a los derechos humanos, y en tiempos de pandemia, incrementa el peligro de detenciones y contagios. Se deben buscar otras alternativas para desmontar toda la industria criminal de tráfico y trata de personas”.

En el documento, los investigadores plantearon cinco recomendaciones para evitar una crisis humanitaria en materia de movilidad humana en la región fronteriza México-Estados Unidos:

Terminar con las restricciones impuestas por el Título 42 (expulsiones inmediatas a México argumentando políticas de salud frente al Covid-19), empezando con la no devolución de familias; establecer mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional y entre autoridades de ambos países; aumentar la capacidad de los centros de atención a migrantes y albergues en México y en Estados Unidos.

Además, recuperar la experiencia exitosa de la terminación del programa Quédate en México, pues la readmisión en Estados Unidos de las personas bajo esa política “ha sido un proceso eficiente y seguro”; y que las autoridades mexicanas garanticen que ningún niño, niña o adolescente (acompañado o no) sea detenido en las estaciones migratorias.