En incumplimiento a diferentes normas nacionales e internacionales, personal de la Fiscalía General de Guerrero impidió que visitadores del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) ingresaran el 14 de abril a centros de detención del estado para una visita de seguimiento y verificación de las condiciones en esos espacios.
Por ello, el MNPT, dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó la queja y la denuncia correspondientes, ya que se “obstaculizaron” sus labores y facultades establecidas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y en el mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
“La visita, que tenía como objetivo dar seguimiento al Informe Especial 01/2019 a lugares de privación de la libertad que dependen de la Fiscalía General de la República y de las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de los estados y de la Ciudad México, fue realizada en conjunto con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Guerrero, no obstante, personas servidoras públicas de la Fiscalía local les negaron el acceso a las instalaciones, tanto el 14 de abril como en los dos días subsecuentes, de manera injustificada y sólo con el argumento de que no contaban con indicaciones del fiscal general del estado para permitirlo”, denunció la CNDH.
Agregó que en el caso de agencia del Ministerio Público del fuero común del distrito judicial de los Bravos, el personal del MNPT “fue tratado de manera prepotente y hostil por policías ministeriales, quienes se negaron a identificarse, aunque se cuenta con su media filiación, e incluso les dijeron que se salieran, ya que no tenían nada que hacer en ese lugar”.
Ese actuar, enfatizó el organismo nacional, trasgrede la ley federal y la convención de la ONU en materia de tortura, las cuales facultan al personal del MNPT acceder, en cualquier momento, sin aviso previo, ni restricción alguna, a todos los centros de encarcelamiento del país; así como a toda la información relacionada con el trato, la situación, la condición jurídica y las condiciones de detención de los reclusos, con quienes incluso pueden entrevistarse libremente, las ocasiones y el tiempo necesario, y en total privacidad.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de Guerrero y ante la delegación estatal de la Fiscalía General de República en esa entidad. Además se solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el inicio de la queja correspondiente.
“La obstaculización del trabajo del MNPT por parte de la Fiscalía General de Guerrero no sólo atenta contra las personas privadas de la libertad, quienes, por la propia situación jurídica en la que se encuentran tienen serias restricciones para hacer valer los derechos que les asisten; sino que también atenta contra el estado de derecho que debe primar en toda sociedad democrática.
“Por ello, la CNDH hace un enérgico llamado a esa Fiscalía para que coadyuve con las labores del MNPT y permita a éste y a otros organismos defensores de derechos humanos cumplir con sus funciones y atribuciones, con el fin de garantizar la protección integral de los derechos de las personas en situación de detención, bajo los máximos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, recordándole que, entre los factores en que puede sustentarse la idea de que el Estado está implicado en la tortura, figura cuando agentes o personas asociadas a éste “hayan tratado de obstruir o retrasar la investigación de la tortura”, finalizó el organismo.
