Buenos Aires. En una acción política ajena a la grave situación sanitaria por la que atraviesa esta capital, el suburbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta de la ultraderechista Propuesta Republicana, Patricia Bullrich y la asesora general tutelar porteña Carolina Stanley fueron denunciados ante la justicia federal por “sedición y atentado a la salud pública” por no acatar el decreto del presidente, Alberto Fernández que impuso una serie de restricciones por 15 días para frenar el aumento de contagiados y muertos por la segunda ola del Covid 19.
A última hora de la tarde de este lunes, los gremios docentes de esta capital anunciaron un paro general de actividades para este martes ante la persistencia de Rodríguez Larreta de continuar con las clases presenciales, mientras decenas de maestros siguen contagiándose de coronavirus y el hospital Méndez que los atendía está colapsado en terapia intensiva.
Entre las restricciones dispuestas por el decreto presidencial de Necesidad y Urgencia (DNU) del jueves pasado se establece la suspensión de las clases presenciales para evitar al máximo la circulación, ante lo cual Larreta se enfrentó abiertamente al gobierno nacional, mientras la alianza derechista Cambiemos, a la que pertenece llamó a realizar marchas, cacerolazos y otras acciones, que resultaron escasas y circunscriptas a las zonas de los barrios más ricos de la ciudad, y no tuvieron ninguna trascendencia, aunque fueron de una alarmante agresividad.
Por otra parte, abogados denunciaron al ex presidente Mauricio Macri por instigar a “la sedición y a la desobediencia”, después que llamó a los intendentes de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires a desobedecer el decreto presidencial, en momentos en que los hospitales capitalinos y del conurbano bonaerense colapsan por la cantidad de casos que superan lo sucedido durante 2020.
La demanda presentada por la abogada Valeria Carreras, sostiene que Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal, violando estos artículos "al ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción". Esto refiere al delito de atentado a la salud pública y prevé penas de seis meses a 2 años, mientras que el 230 inciso 2 tiene que ver con la sedición, que le corresponde una pena de uno a 4 años.
Asimismo, legisladores del gobernante Frente de Todos de la ciudad de Buenos Aires denunciaron a los tres magistrados de esta capital por “mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho” a lo que se añade “sospecha de parcialidad” detrás de la resolución que ordenó la noche del domingo al gobierno porteño a “garantizar” las clases presenciales en medio de la mayor ola de contagios del coronavirus. Los jueces porteños no tienen atribuciones para derogar un decreto presidencial.
El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió al Contencioso Administrativo Federal la inhibición de la justicia porteña y que se invalide lo actuado por los tres magistrados. El fallo fue calificado por Fernández como "un estrago jurídico".
Fernández encabezó un encuentro con gobernadores e intendentes, a quienes advirtió: "Si hacemos política con esta tragedia, estamos condenando a los argentinos y a las argentinas. No voy a cargar en mi conciencia con semejante condena, que se carguen en su conciencia los que actúan de otro modo”.
