San Miguel de Allende. El Juzgado de Oralidad Penal de San Miguel de Allende otorgó un plazo de seis meses para que la Fiscalía General del Estado (FGE) realice la investigación complementaria contra el ex alcalde de San Miguel de Allende (2012-2015) y actual candidato del PRI a la alcaldía, Mauricio Trejo Pureco, acusado de un peculado de casi 800 mil pesos. 

El Ministerio Público solicitó a la juez de control que como medida cautelar el imputado, Mauricio Trejo, realizará una firma periódica ante el juzgado. La medida fue rechazada. 

El ex presidente municipal es acusado de pagar con recursos públicos el sueldo de dos empleados de su bar “El Grito”. 

En el primer trimestre del 2017, el Poder Legislativo y el gobierno de San Miguel de Allende pusieron 29 denuncias penales, 28 civiles y 55 administrativas, por irregularidades de hasta 27 millones de pesos, detectadas en el gobierno de Trejo Pureco.

Derivado de las denuncias penales, el año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializó una de las querellas por el delito de peculado.

El ocho de diciembre del 2020, la jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Primer Región del Estado determinó que no existían elementos para vincular a proceso penal al ex alcalde.

Pero, el cinco de febrero de este año, el magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Alfonso Fragoso Gutiérrez, “revoca la decisión combatida, y estando los requisitos de ley, se vincula a proceso penal a Mauricio Trejo Pureco por los hechos considerados por la ley como el delito de peculado”.

La Fiscalía acreditó que Trejo Pureco ordenó al entonces tesorero, Jaime Labrada Araiza, que contratará como “Asistente A” de Tesorería a Diego Arturo García Barrera y como “Jefa de Supervisión” de Tesorería a Claudia Barragán Méndez, ambos empleados del bar “El Grito”. 

De enero del 2013 a diciembre del 2015, el gobierno local pagó 287 mil 53 a Diego García y 491 mil 983 a Claudia Barragán, pero los dos eran “aviadores”, de acuerdo con la investigación de la FGE.

El artículo 248 del Código Penal señala que se incurre en peculado cuando se “disponga de un bien que hubiere recibido en razón de su cargo” y se castiga de dos a 10 años de prisión.