Ciudad de México. Casi la mitad de las mujeres no tiene el poder pleno para tomar decisiones sobre su cuerpo, revela un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
“El hecho de que casi la mitad de las mujeres aún no puedan tomar decisiones acerca de si desean o no tener relaciones sexuales, usar anticoncepción o buscar servicios de salud debería indignarnos a todos. En esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas son gobernadas por otros”, advirtió la directora ejecutiva de la UNFPA, Natalia Kanem, a través de un comunicado.
En el caso de América Latina y el Caribe, una de cada cuatro mujeres de 15 a 49 años no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo. Inclusive, hay naciones de la región donde una de cada dos no puede elegir sobre esos derechos, y son más afectadas mujeres indígenas, con discapacidad, afrodescendientes, adolescentes y de la comunidad LGBTTTIQ.
Este miércoles se presentó el reporte del Estado de la Población Mundial 2021 del UNFPA, que por primera ocasión se centra en la autonomía corporal: el poder y la capacidad para tomar decisiones sobre los cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida.
La investigación se aplicó en 57 países en desarrollo y advierte que las mujeres tienen sólo 75 por ciento de los derechos jurídicos de los hombres, lo que implica que ellas no pueden cuestionar las desigualdades de género que se traducen en violaciones a sus derechos humanos, pues no tienen poder de de decisión en otras esferas de la vida, ni la autonomía económica ni ingresos para tomar libremente decisiones sobre su cuerpo y sexualidad.
El informe apunta que “la falta de autonomía corporal tiene implicaciones enormes más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en lo individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud”.
En el acto de presentación, realizado vía virtual, participaron Harold Robinson, director regional para América Latina y el Caribe del UNFPA; Neus Bernabeu, especialista en temas de género, entre otros, y se aportaron algunos de los resultados del informe.
En nuestra región, refieren los datos, una de cuatro niñas es obligada a casarse o vivir en pareja antes de cumplir la mayoría de edad, con lo que comprometen su salud y sus funciones futuras.
El matrimonio infantil o forzado, uniones tempranas, la falta de acceso a educación integral, violación sexual, homofobia o transfobia, violencia sexual, leyes que obligan a casarse con el violador, asesinatos “por honor”, mutilación genital femenina, coacción reproductiva, “pruebas de virginidad”, esterilización forzada o uso forzado de métodos anticonceptivos y esclavitud son indicadores de no tener el poder de elegir sobre sus cuerpos.
“Las mujeres y las niñas no son conscientes que tienen derecho a decir que no. La autonomía corporal sigue siendo sólo una posibilidad remota para muchas personas en América Latina y el mundo”, refirió Bernabeu.
Robinson por su parte refirió que una mujer que tiene control sobre su cuerpo, tiene más posibilidades de estar empoderada en todos los ámbitos de su vida, con lo que hay beneficios no sólo en su autonomía, sino en su salud, educación, derechos y seguridad, lo que le permitirá más posibilidades de prosperar y lo mismo a su familia y a la comunidad.
Otros resultados del informe son: sólo 71 por ciento de los países analizados garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales, 75 por ciento protegen legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción y 80 por ciento tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexuales.
Únicamente 56 por ciento de estas naciones tienen normas y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad; 20 de los países analizados cuentan con leyes que obligan a la víctima a casarse con el violador, lo que significa que un hombre puede escapar de un proceso penal si contrae matrimonio con la mujer o niña que ha violado.
Además, 43 naciones no cuentan con legislación que aborde el problema de la violencia sexual durante las relaciones de pareja (la violación por parte de un cónyuge) y más de una treintena restringen el derecho de las mujeres a desplazarse fuera del hogar.
Las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de padecer violencia sexual, y las niñas son las que corren el riesgo más alto.