La candidata del PAN-PRD al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta cinco delitos relacionados con actos de corrupción durante su desempeño como servidora pública, señaló el abogado Oscar David Castrejón Rivas.
 
El especialista en derecho detalló que, en primer lugar, se acusa a la panista de haber recibido alrededor de 8 millones de pesos del exgobernador César Duarte Jáquez a través de la Nómina Secreta, acreditados con 34 recibos firmados por ella, a los cuales el juez de control les dio valor probatorio.
 
También se le señala por haber recibido en su cuenta bancaria personal un depósito de 20 mil pesos por parte del gobierno estatal cuando ella era diputada sin que pudiera comprobar para qué era ese dinero.
 
La tercera acusación, explicó Castrejón, es por un contrato de prestación de servicios jurídicos profesionales que tenía que dar el despacho de abogados Campos Galván y Asociados al gobierno de César Duarte, los cuales no fueron acreditados aunque sí se comprobó que durante casi dos años cobraron 40 mil pesos por mes, hasta llegar al monto aproximado de un millón 200 mil pesos.
 
Asimismo, se acusa a Maru Campos de fraude procesal, en virtud de que se comprobó que inventó pruebas para justificar que el despacho citado sí había otorgado los servicios jurídicos al gobierno de César Duarte, lo cual resultó una falsedad. Esta acusación se encuentra en trámite.
 
Por último se le investiga por presunto soborno y uso indebido de atribuciones, al haber cobrado “moches” a distintas empresas a cambio de favorecerlas con el otorgamiento de contratos de servicios y obras. Sobre este tema, el viernes 16 de abril se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos, tras haber sido diferida en cuatro ocasiones anteriores.
 
Castrejón Rivas señaló que es falso que exista una persecución política en contra de Maru Campos, y que los ciudadanos chihuahuenses deben estar enterados de que no se trata de acusaciones sin sustento, sino que hay elementos de prueba suficientes para demostrar los delitos cometidos por la panista.
 
Indicó que en las audiencias que se han realizado hasta el momento, un juez de control consideró que se cuenta con los elementos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Campos en la comisión de diversos delitos.
 
El 1º de abril Maru Campos fue vinculada por el delito de cohecho pasivo y le fueron impuestas tres medidas cautelares: no puede salir libremente del país porque el juez le recogió el pasaporte; debe pagar 500 mil pesos para gozar de libertad restringida, y está impedida para acercarse a testigos y/o víctimas de los hechos por los cuales está vinculada a proceso.
 
Castrejón Rivas puntualizó que la candidata a gobernadora por el PAN y PRD debería estar impedida para tener contacto con los ciudadanos chihuahuenses porque en la comisión de los delitos de que se le acusa las víctimas son todos los que habitan el estado.