El 2020 fue el peor año para los defensores ambientales, hubo 18 asesinados y se presentaron 65 ataques, por lo que es urgente que el Estado mexicano cumpla con su obligación de protección, respeto y garantía de los derechos humanos, advirtió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Agregó que la pandemia de covid-19 ha ocasionado que los históricos niveles de violencia alcanzados durante 2019, se superaran el año pasado.
Durante la presentación virtual del Informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales en México en 2020 elaborado por el Cemda, se destacó que el año pasado la suspensión de procedimientos administrativos en materia ambiental y los trámites de juicios no fueron considerados esenciales, pero continuaron actividades como megaproyectos y obras de infraestructura.
Se destacó el hecho de que en los 65 ataques hubo 90 agresiones, lo cual superó a 2019 cuando hubo 39 ataques y 49 en 2019, además por segundo año la agresión más recurrente fue el homicidio. Detalló que se identificaron 561 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente entre 2012 y 2020.
Leydy Pech, premio Goldman 2020, sostuvo que los territorios donde se llevan a cabo proyectos con intereses extractivistas o de la agroindustria, son muy grandes, violentan los derechos económicos y sociales. “Hay que hacer llegar información a quienes ven violentados sus derechos, siempre se ha quedado en ciertos niveles, se deben generar mecanismos para hacer la información más ágil, que se sepa que hay herramientas para la defensa. Son muy grandes los intereses económicos que tienen la vista en nuestros territorios.
Gustavo Alanís, director del Cemda, sostuvo que en este informe se evidencia la violencia estructural que hay en México desde hace décadas y el contexto en que los defensores del medio ambiente ejercen su labor, la pandemia acrecentó obstáculos existentes en la defensa ambiental. Destacó que el 22 de abril entra en vigor el acuerdo de Escazú, con lo que se espera haya avance en acceso a justicia e información ambiental.
En el reporte se destacó que hubo un aumento de los ataques en Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz. En cuanto a sectores, el forestal y vías de comunicación, lideran la lista de los ataques ya que juntos suman casi 50 por ciento y minería el 7 por ciento.
La agresión más recurrente es el homicidio, y previo al asesinato las víctimas sufrieron estigmatización, amenazas y la intimidación, hay hostigamiento, privación de la libertad, uso indebido de la fuerza. Los principales agresores provienen del gobierno en 40 por ciento, 6 por ciento son de personas de la misma comunidad y 4.6 por ciento son de las empresas.
