Ciudad de México. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó a proceso por el delitos de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, al ex senador panista Jorge Luis Lavalle, por lo que permanecerá sujeto a prisión preventiva justificada mientras dure su proceso. 

 

Al final de una sesión maratónica de 18 horas, que concluyo a las 6:00 horas de este martes, el juez dio tres meses de plazo para las investigaciones complementarias, que concluye el 13 de julio próximo. 

 

Los cargos contra el ex legislador se relacionan con actos de corrupción para la aprobación de las llamadas reformas estructurales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al supuestamente haber recibido sobornos con recursos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la constructora brasileña Odebrecht.

 

Lavalle es el primer imputado vinculado a proceso de los 70 señalados en la denuncia que realizó Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, luego de que acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) convertirse en testigo colaborador y aportar pruebas contra quienes recibieron sobornos para aprobar las reformas en el ámbito eléctrico y de hidrocarburos, entre otras.

 

El abogado José Joaquín Zapata señaló que la defensa apelará la resolución del juez federal.

 

"Se resolvió la situación jurídica deñ señor Jorge Luis Lavalle Maury, desafortunadamente los argumentos que vertimos no fueron atendidos en esta instancia por el juez", dijo el litigante.

 

"Tenemos unas buenas oportunidades de apelación, consideramos que alguno de lps criterios que utiliza el juez van en contra inclusive de la forma en la que debe operar el nuevo sistema, en donde las pruebas qie obtienen las partes, me refiero en particular de la defensa, debe ser valoradas en la misma entidad que merecen las que recaba la fiscalía", agregó.

 

Zapata señaló que la fiscalía se basó en los dichos de Rafael Caraveo Opengo, empleado de la fracción panista en el Senado y en los de Lozoya, los cuales, consideró el abogado, deben ser  "considerados ilícitos e inadmisibles". 

 

El defensor de Lavalle agregó que presentó ante el juez testimonios de Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe de departamento administrativo de la Dirección General de Pemex, y de Rodrigo Arteaga Santoyo, ex secretario particular de Lozoya en esa empresa.

 

Ambas declaraciones buscaban dementir las acusaciones de Lozoya, pero el juez consideró que "no tienen el mismo valor que los que obtiene la fiscalía y será materia de los recursos que interpongamos", indicó Zapata.