Mexicali, BC. En pleno proceso electoral, el gobernador Jaime Bonilla publicó en el periódico oficial de Baja California la Declaratoria de Utilidad Pública para expropiar el Club Deportivo y Social Campestre de Tijuana, el cual opera desde hace 60 años.
Se trata de un terreno privado con una superficie de 504 mil 379 metros, enclavado en una exclusiva zona residencial, con acceso al boulevard Agua Caliente de esta ciudad fronteriza y su densidad de población contrasta con el área este donde viven más de 70 por ciento de los tijuanenses.
Según el decreto, es la única área de esa zona de la ciudad que puede ser proclive para atender las necesidades de equipamiento urbano público y preservar el bienestar de los ciudadanos.
Justifica también que de los casi cuatro millones de habitantes, en Tijuana reside 51 por ciento de la población.
Bonilla Valdez anunció en diciembre de 2020 su intención de expropiar este club que cuenta con un campo de golf de 28 hoyos reglamentarios tras la confrontación con el alcalde con licencia Arturo González Cruz, quien fue en la última década administrador del Campestre y acusó a esta propiedad de más de 200 accionistas de incumplir con el pago de agua.
El precio de la expropiación bonillista se estima en mil millones de pesos, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Expropiación de Baja California, ya que se considera el valor catastral y comercial de un terreno de 80 hectáreas.
A ocho días de haber iniciado las campañas electorales a la gubernatura de Baja California, el morenista firmó la declaratoria, ordenó su publicación y designó al secretario general de Gobierno para que inicie los trabajos de expropiación.
