Xalapa, Ver. Después de 28 años como profesora rural, María Luisa Vega Martínez pensó que podría descansar y disfrutar de su pensión. Pero no ha sido así. Hace seis años cayó en las redes de una financiera que fue medrando sus ingresos, hasta quitarle el 95 por ciento de sus percepciones mensuales.

A pesar de que Vega Martínez ha pedido la ayuda de la Condusef, el Instituto de Pensiones del Estado, el sindicato magisterial, la CEDH y la CNDH, nadie la ha ayudado. La mujer tiene que arreglárselas para sobrevivir con los mil 900 pesos al mes, que le dejan los cobros de la financiera para poder comprar los medicamentos que debe tomar para controlar su diabetes y costear el tratamiento contra el cáncer que padece.

En ese contexto, María Teresa Carbajal Vázquez, abogada defensora de usuarios crediticios, alerta que la situación de Vega Martínez es más común de lo que se cree, y que más casos podrían incrementarse si es aceptada la iniciativa de cobranza delegada, aprobada el 18 de febrero en el Senado de la República, y que actualmente se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados.

En 2015, Vega Martínez acudió al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), en Xalapa, para realizar un trámite. A las afueras del Instituto, se le acercaron los promotores de la financiera de Intermercado, y le ofrecieron un crédito por 50 mil pesos.

La profesora recuerda que todo parecía confiable, le descontarían 3 mil 300 pesos al mes, y ese dinero extra costearía la educación de sus hijas, que en ese entonces estudiaban la secundaria y la preparatoria.

A los dos meses, la misma financiera le ofreció otro crédito vía telefónica: “Ay, me acaban de prestar uno ¿y ya me van a prestar otro?”, recuerda que pensó. Sin embargo, la voz en el auricular fue insistente, y le garantizó que los descuentos continuarían en 3 mil 300 pesos al mes.

Y así fue, por lo menos los dos primeros meses. Al tercer mes aparecieron las irregularidades; descuentos por 12 mil, 3 mil, 6 mil y 7 mil, hasta que en agosto del siguiente año, los descuentos se regularizaron en 12 mil pesos.

Mientras la tenían acorralada con descuentos que consumían casi el 50 por ciento de sus ingresos mensuales, la financiera se acercó a María Luisa con nuevas ofertas. En total, la profesora adquirió cuatro créditos por cantidades similares en los años 2016, 2017 y 2018. El último con la financiera CIEP PROCASA, a quien pidió un crédito para pagar los anteriores.

De los 26 mil pesos que le tocan de pensión, el IPE le descuenta a María Luisa el 95 por ciento de su salario y lo entrega a la financiera, para cubrir los préstamos. Mientras a ella le quedan mil 904 pesos en su cuenta.

Asfixiada por los descuentos, María Luisa comenzó a visitar instituciones para lograr una renegociación de la deuda. Primero fue a la Condusef, donde le dijeron: “No podemos hacer nada, tiene que demandar”.

La siguiente visita fue al IPE, donde un empleado de nóminas le dijo: “¡Si pediste, paga!”. Luego fue al sindicato, pero la respuesta fue desalentadora: “Cuando pase la pandemia, te atendemos”.

“¡Tantos años pagando cuotas al sindicato, tanto tiempo cotizando al IPE!... y cuando los necesito me tratan con desprecio e indiferencia”, se queja María Luisa, quien también tocó las puertas de la CNDH y la CEDH, pero tampoco le hicieron caso.

La profesora, como usuaria crediticia, no se niega a pagar lo que pidió prestado, pero exige una revisión de aquellos créditos que no solicitó y le fueron adjudicados, dice, de forma arbitraria por la financiera. Y pide una renegociación justa de los créditos a los que tuvo acceso.

De acuerdo con información del Instituto de Pensiones del Estado, hay por lo menos 4 mil 974 pensionados que tienen uno, dos o más créditos. María Teresa Carbajal Vázquez, abogada de usuarios crediticios, afirma que muchos de esos créditos también se realizaron en los mismos términos que los de María Luisa.

Carbajal Vázquez explicó que el caso de la profesora es un ejemplo del delito de usura en el que caen muchas financieras, al realizar “el cobro excesivo por un crédito que se otorgó a una persona en situación de vulnerabilidad”.

La abogada afirma que de acuerdo con la ley vigente, es inconstitucional que las financieras tengan la capacidad de ofrecer créditos, a cambio de embargar el 95 por ciento de los ingresos de una persona, como ocurre en el caso de María Luisa.

Y cuestionó que instituciones como el IPE tengan vínculos con financieras, que tienen prácticas abusivas con sus usuarios, a las cuales ponen en “charola de plata” la nómina de los trabajadores, a cambio de un 5 por ciento de comisión por cada pago mensual que realiza el acreedor.

Más aún, Carbajal Vázquez alerta que los casos de abuso como el cometido contra María Luisa podrían incrementarse si se acepta la iniciativa de cobranza delegada, aprobada el pasado 18 de febrero por el Senado de la República, y que actualmente se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, ya que permitiría a los bancos adoptar el modus operandi de las financieras.

“Es una trampa legal en la que el único ganador es el acreditante, porque el acreditante podrá cobrar su dinero sin cobranza, sin comisiones, sin nada”, señaló la representante legal. Y añadió que estas acciones dejan sin margen de acción a los usuarios de crédito, pues por la falta de ingresos no pueden demandar y un juicio podría tomar dos años, lo mismo que dura el crédito, con lo que “están atados de pies y de manos”.

La abogada llamó a la Cámara de Diputados a promover un debate amplio antes de aprobar la iniciativa de cobranza delegada, en los términos en que se encuentra en este momento.

La iniciativa en revisión en la cámara baja, indica que "se propone regular de manera expresa y especifica dentro de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito al 'Crédito de Nómina', denominándolo crédito de nómina con cobranza delegada, pudiéndose otorgar bajo la modalidad de crédito simple o crédito en cuenta corriente.

La iniciativa presentada por el senador Casimiro Méndez Ortiz, de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores "con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la ley general de títulos y operaciones de crédito", indica que el acreditado estará obligado al pago, el cual "tendrá como fuente" "los salarios devengados, percepciones extraordinarias, pensión o renta vitalicia, los saldos disponibles de las cuentas de ahorro para el retiro, incluidas las cantidades relativas a las aportaciones voluntarias y honorarios o comisiones devengadas".

La enmienda "plantea que el crédito de nómina con cobranza delegada únicamente pueda ser otorgado por entidades financieras que, conforme a su régimen autorizado, puedan celebrar operaciones de apertura de crédito con el público en general. Este principio busca dar seguridad jurídica a los acreditados y a la vez evitar que las entidades que, por falta de supervisión de los reguladores, y que tradicionalmente han abusado de la figura en comento, puedan continuar haciéndolo.

"Se proponen diversas medidas para proteger a los acreditados, incluyendo: La obligación de que los contratos de crédito de nómina con cobranza delegada contemplen estipulaciones en donde con cada pago se amortice al menos una parte de principal. A diferencia de créditos de otra naturaleza, el objetivo de este precepto es generar seguridad a los usuarios de que sus créditos efectivamente funcionan como un medio de pago, y que el monto contratado (principal e intereses) siempre irá a la baja mientras se cumpla con los compromisos de pago".