Avanza la acción de la justicia con respecto a la escandalosa red de sobornos denunciada por el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, el pasado mes de agosto de 2020. El exsenador panista Jorge Luis Lavalle ya se encuentra atrás de las rejas. Y la Fiscalía General de la República (FGR) hoy investiga otros exlegisladores del mismo partido por su supuesta participación en la trama de corrupción en que se utilizaba dinero tanto de la empresa brasileña Odebrecht como de Pemex para aceitar la aprobación de las reformas constitucionales y legales en materia energética de Enrique Peña Nieto.
El exsenador y exsecretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, es uno de los investigados. El entonces senador y actual Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy se encuentra sujeto a un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados por acusaciones relacionadas con las denuncias de Lozoya. El también exsenador y actual Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, es otro personaje que de acuerdo con los testimonios jugó un papel central en el esquema de corrupción para garantizar la privatización de la industria energética nacional.
Otro actor clave señalado por Lozoya es Ricardo Anaya, quien con sus risibles baños de pueblo transmitidos por redes sociales hoy pretende tender una cortina sobre las graves acusaciones en su contra. De acuerdo con la denuncia del exdirector de Pemex, en 2013 se le entregó al entonces diputado federal y próximo presidente del PAN la friolera de 6 millones 800 mil pesos en una reunión llevada a cabo en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.
Las acusaciones en contra de Anaya, Lavalle, Gil Zuarth, García Cabeza de Vaca, y Domínguez Servién, confirman la tesis de que el neoliberalismo nunca fue en realidad un proyecto ideológico con un proyecto de nación, sino simplemente una mascarada discursiva para tapar un brutal saqueo y robo en contra del pueblo de México.
Todos estos legisladores del PAN en principio coincidían con los postulados neoliberales que sustentaba la privatización de Pemex y la CFE propuesta por el gobierno del PRI. Sin embargo, en lugar de votar gustosos a favor de estas reformas constitucionales y legales que coincidían con su ideología, decidieron extorsionar al gobierno de Peña Nieto, vendiendo sus votos y utilizando su poder en el Congreso de la Unión para chantajear al gobierno.
Sin embargo, estos legisladores nunca dejaron de ser peones, simples soldados, en una oscura trama orquestada desde más arriba, en la oficina de la Presidencia de la República donde quien realmente mandaba era Luis Videgaray. En nuestra entrevista hace unos días en Canal Once el gran periodista de investigación, Miguel Badillo, actualmente Director de la Revista Contralínea, lo dijo con todas sus letras: “Videgaray fue quien gobernó el sexenio pasado, fue el hombre de más poder, Peña Nieto le consultaba todo”. Y en respuesta a mi pregunta de si el ex Secretario de Hacienda podría ser “el siguiente en caer”, el periodista de investigación me respondió sin titubeos: “yo creo que sí, es el que sigue, es el personaje” (véase: https://bit.ly/3tbCqmb).
No hace falta recurrir a complejas teorías de la conspiración sino sólo a la lógica más elemental para deducir que Videgaray tendría que ser llevado pronto ante la justicia. En su amplia relación de hechos, Lozoya menciona una y otra vez a Videgaray como quien le instruía directamente a recibir el dinero sucio de parte de Odebrecht durante las campañas electorales de 2018 y también le indicaba a quien distribuir este recurso, junto con amplios recursos del erario público, entre legisladores y periodistas (aquí la denuncia completa de Lozoya: https://bit.ly/3taiMqS).
El hecho de que el ex Secretario de Hacienda no haya estado físicamente presente durante los actos de entrega de los recursos en las oficinas de Montes Urales número 425 en Lomas de Chapultepec, de ninguna manera lo exime de su responsabilidad como supuesto jefe de una red de crimen organizado. Así como el Chapo Guzmán es responsable por las ejecuciones cometidas por los sicarios bajo su mando y Genaro García Luna hoy habita una celda en Nueva York por las acciones corruptas de sus subordinados, Videgaray tampoco debe tardar en ser llamado a cuentas por los reprobables actos llevados a cabo por sus instrucciones y en su representación.
Se consolida la autonomía plena de la FGR bajo la atinada conducción del Fiscal Alejandro Gertz Manero y se confirma una vez más que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no cuenta con pacto de impunidad alguno con los expresidentes. También se acerca la oportunidad histórica para que la ciudadanía pueda expresar en las urnas por medio de la consulta popular su respaldo a las valientes acciones de la FGR en contra de la impunidad, y así preparar el escenario no solamente para llevar a la cárcel a Videgaray sino también a Calderón, Peña Nieto y otros expresidentes que con sus actos hayan traicionado al pueblo de México.
