Miami. Grupos de derechos humanos denunciaron este lunes ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) un proyecto de "ley antidisturbios" que avanza velozmente en la Legislatura de Florida, de mayoría republicana, y que fue ideado tras las protestas contra el racismo el año pasado en Estados Unidos.

Una coalición de organizaciones de Florida envió una carta al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, para denunciar la ley HB1 propuesta por el gobernador republicano Ron DeSantis.

DeSantis, un pupilo del ex presidente Donald Trump cuyo nombre comienza a sonar como posible presidenciable para 2024, propuso una versión temprana de la llamada "ley antidisturbios" en septiembre.

Fue una reacción a las protestas en todo el país tras la muerte del afroamericano George Floyd en mayo pasado bajo la rodilla de un policía blanco —cuyo juicio comenzó el mes pasado en Minneapolis—, si bien en Florida las manifestaciones fueron mayormente pacíficas.

Entre otras medidas, la ley HB1 endurece las penas por delitos cometidos durante las protestas, como la agresión a policías u otros uniformados, y establece hasta 5 años de prisión a quienes participen en disturbios o los hayan incitado.

También penaliza a los manifestantes que dañen propiedades históricas con hasta 15 años de prisión y el pago de restituciones. Esta medida es la respuesta a la oleada de derribamientos de estatuas de los héroes confederados que protegieron la esclavitud.

Tras avanzar velozmente y casi sin obstáculos en sucesivos comités, se espera que el proyecto sea votado en el pleno del Senado esta semana. Si es aprobado sin enmiendas, irá a la oficina del gobernador, quien está deseoso de firmarla.