Ciudad de México. Aunque está reconocido, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación “está lejos” de que se cumpla cabalmente en el país, coincidieron especialistas en la presentación de un informe en la materia.

“Existen numerosos retos para las comunidades y pueblos que buscan ejercer este derecho, muchos de los cuales se vinculan a las actuales políticas públicas desarrollistas, así como a la prevalencia de un contexto de inequidad, impunidad, discriminación y racismo”, señaló la investigadora del Tecnológico de Monterrey, Naayeli Ramírez Espinosa, en el informe dado a conocer ayer

No obstante, indicó que pese al contexto tan adverso, las comunidades indígenas buscan ejercer su autonomía y la libre determinación y “han creado sus propios espacios políticos, normativos y sociales actuando en el marco de la jurisdicción estatal, al margen de ella, o en clara oposición a ella, utilizando diversos recursos jurídicos y de negociación política”.

En la presentación del documento, Antonia Urrejola, presidenta y relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó que es necesario crear mecanismos internos para asegurar la implementación de las normas constitucionales. De igual manera, apoyar a las estructuras de autonomía de los pueblos indígenas, evitar la criminalización y la estigmatización de las iniciativas en la materia y propiciar acercamientos y espacios de diálogo entre las autoridades indígenas y las de gobierno.

Hugo Aguilar Ortiz, coordinador de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), resaltó que actualmente los conceptos de libre determinación y de autonomía han sido apropiados por las comunidades. No obstante, reconoció que en la regulación “tenemos muchísimos vacíos, temas por discutir porque se trata por reorganizar al Estado”.

Indicó que el derecho de libre determinación y autonomía “ponen en crisis un conjunto de conceptos tradicionales” del Estado.

En el marco de la presentación del Informe, la Alianza por la Libre Determinación (ALDEA), comunidades y organizaciones también exigieron al Estado mexicano cumplir con las reformas legales pendientes para hacer valer los derechos colectivos de los pueblos indígenas.