Ciudad de México. La situación del matrimonio igualitario en México es “relativamente confusa”, pues aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió jurisprudencia en 2015, cada uno de los estados por medio de sus congresos son los que deben legislar sobre el tema, lo cual genera “confusión” y abona a la “discriminación”, señaló Alex Méndez, director de litigio de la agrupación México Igualitario.

El abogado y activista dijo a La Jornada que en 19 estados se puede acceder al matrimonio igualitario y remarcó que el objetivo de la plataforma lanzada en febrero pasado por México Igualitario y All Out, denominada ¿Me Puedo Casar, México?, es “presionar para que el matrimonio igualitario se legalice en todos los estados”.

Hay entidades en que está permitido el matrimonio igualitario “porque intervino la Corte, en otros por modificación legislativa, en unos por la orden del gobernador, como es el caso de Chihuahua, y donde no se puede hay que recurrir al amparo”.

Sostuvo que “la situación es compleja, por ejemplo, Chihuahua no tiene un cambio legislativo, su definición en el Código Civil dice que el matrimonio es la unión de un solo hombre y una mujer, pero por instrucciones del gobernador se ordenó que ya no se negara el matrimonio igualitario. Ahí no hay reforma, pero ya hay matrimonio. En Tabasco no tienen reforma, y no hay acceso al matrimonio por otra vía, entonces debe ser por amparo”.

En el caso de “Jalisco, Aguascalientes y Chiapas no reformaron su código, pero la Corte borró los obstáculos y puede haber matrimonio, aunque no haya cambio legislativo por parte del Congreso.

“En Yucatán hay una peculiaridad que ha hecho difícil el avance; la definición de matrimonio está no solo en el Código Civil, sino también en la Constitución, por lo que los cambios son aprobados por el pleno del Congreso, sino además los municipios lo deben avalar. Son dos barreras que pasar”.

Destacó que se debe avanzar en el tema porque incluso “la Corte Interamericana ya estableció un criterio en su opinión consultiva 24/2017 que habla de la obligación de los Estados que integran la OEA de proteger a las familias homoparentales a través del matrimonio”.