Ciudad de México. Decenas de personas desplazadas, originarias del estado de Guerrero, se reunieron este miércoles con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, quien se comprometió a gestionar su reubicación en un sitio seguro y su incorporación en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).

Teodomira Rosales, directora del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, señaló en conferencia de prensa que una de las principales demandas de las familias es su reubicación, pues llevan dos años y cinco meses desplazadas, luego de que grupos criminales se adueñaran de sus tierras y propiedades, ubicadas en el municipio de Zitlala.

Además de lo anterior, indicó la activista y abogada, las víctimas le exigieron a Encinas que se les apoye con acceso a proyectos productivos y se incorpore al Renavi a unas 55 personas desplazadas que aún no tienen acceso a la ayuda económica de dicho registro.

De igual manera, las familias pidieron atención médica especializada y el pago de alimentos y gastos de traslado y alojamiento; el envío de la Guardia Nacional a diversas comunidades de los municipios de Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan que también corren el riesgo de ser desplazadas, y que se apruebe lo antes posible en el Senado un proyecto de Ley Nacional en materia de Desplazamiento Forzado Interno.

“Vimos que Encinas está en la mejor disposición para trabajar con los desplazados, ahora esperemos que cumpla, porque ya no queremos sólo palabras. Salimos de la reunión muy alentados y contentos, pero queremos ver que cumpla”, enfatizó Rosales.

Luego de adelantar que la reubicación de las víctimas podría concretarse antes de que termine este año, indicó que las familias guerrerenses van a quedarse en plantón frente a la SG hasta que se concreten otras reuniones con funcionarios que puedan explicarles qué tipo de proyectos productivos les pueden otorgar.

Asimismo, recordó que las personas afectadas tuvieron que salir de sus comunidades en noviembre de 2018, y aunque originalmente eran unas mil 600 víctimas, con el paso del tiempo muchas de ellas han buscado opciones de alojamiento en otras comunidades, por lo que en la actualidad quedan 135 personas refugiadas en Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.