El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hace falta avanzar en la renovación del Poder Judicial, y sostuvo que durante su gobierno no habrá montajes que en el pasado representaron complicidad del poder político con los medios de comunicación.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa matutina – y luego de la entrega de reconocimientos a especialistas del sector salud- se presentó el caso de la transmisión, en televisión abierta, hace 15 años, del montaje de la detención de Florance Cassez e Israel Vallarta, acusados de encabezar una banda de secuestradores.

El presidente dijo que de haber elementos que demuestren la inocencia de Vallarta se solicitará su libertad.

Precisó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero – conocedora del caso pues los hechos ocurrieron cuando era ministra y años después votó a favor de la liberación de Cassez- recibirá hoy mismo a la familia del detenido.

Dijo que su gobierno ayudará a las víctimas “siempre poniendo por delante la verdad” pero quienes cometieron un delito deben asumirlo y actuar de manera responsable.

A pregunta expresa indicó que hay forma de liberar a Vallarta, principalmente porque la autoridad tiene la obligación de actuar, corregir el error y enmendar el daño, cuando conoce de una injusticia.

Entonces, añadió, sí hay mecanismos legales (para la eventual puesta en libertad), pero en su caso se debe conocer la versión de las víctimas, en caso de haberlas, porque antes la secretaria Sánchez Cordero había acotado que a Vallarta se le acusa de otras dos causas penales.

El Presidente dijo que las conferencias de prensa matutinas sirven para exponer casos como el mencionado, y enseguida aseveró que en su gobierno jamás se llevarán a cabo montajes.

“Nosotros nunca vamos a llevar a cabo estas prácticas, jamás, y yo estoy seguro que también los medios están llevando a cabo un proceso de reforma, de cambio, donde prevalezca la ética y el respeto a los ciudadanos, que se garantice una información libre de manipulación y que los medios estén cada vez más cercano a la gente y más distantes del poder, esté quien esté en el poder”.

La exposición de estos temas, abundó, tienen razón de ser para que los jóvenes conozcan “estas realidades” ante la tendencia de algunos a olvidarlas, ante lo cual reiteró su posición de que sí se puede perdonar pero no olvidar.

“No podemos hacer a un lado nuestra memoria, eso no se puede borrar. Para eso es que damos a conocer todo esto”, expresó, además del propósito de dejar atrás el periodo de oscuridad informativa, silencio y control sobre los medios.

Mencionó que durante el periodo neoliberal, y desde luego de tiempo atrás, se presentaban hechos como el de Cassez-Vallarta.

Ahora, subrayó, se vive un nuevo tiempo y son distintas las relaciones con los medios sin censura ni represión “ya no se da esta relación perversa”.

“Esto que vimos pues es una vinculación estrecha con el poder: medio de comunicación y el señor García Luna que luego llegó a ser secretario de Seguridad Pública y ahora está acusado, encarcelado en Estados Unidos, por vínculos con la delincuencia organizada”.

En la conferencia también se aludió, como parte del historial de los montajes, lo ocurrido con Paulette, la menor supuestamente desaparecida y que pese a la búsqueda policial fue hallada muerta días después, debajo del colchón de su cama, así como el de Frida Sofía, la niña que supuestamente sobrevivía y hasta se comunicaba desde los escombros del Colegio Rebsamen, tras el sismo de septiembre 2017.

En ese hilo, el Presidente nombró el encarcelamiento del presunto narcotraficante Caro Quintero, y ligó el episodio con la actuación del Poder Judicial.

“Imagínense el caso del señor Caro Quintero, 27 años sin sentencia ¿qué hacía el Poder Judicial? Cómo va a estar una persona detenida sin una sentencia?, ¿qué pasaba? ¿Era sentencia preventiva? ¿Prisión preventiva? ¿no habían elementos? ¿por qué no se resolvía? Por eso el amparo y la libertad y una vez que sale viene la exigencia de Estados Unidos de que no se debió liberar, pero legalmente procedió el amparo.

“De este caso Vallarta, lo mismo, sin sentencia desde 2005 ¿cuántos casos hay así? Y esto tiene que ver con una renovación del poder judicial y que hay un auténtico estado de derecho porque no lo había y todavía falta que haya un auténtico estado de derecho, era un estado de chueco y a veces de cohecho. Si no hay un auténtico estado de derecho no vamos a salir adelante”, advirtió.

Remarcó además que el principal problema de México es la corrupción y eso es mucho más que una pandemia, “es una peste” que ha dado traste con todo, por lo que su combate es condición indispensable para sacar adelante del país.

Tras revelarse el montaje, el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, aseguró en una entrevista que la “escenificación” fue a petición de los periodistas.

Televisa transmitió en vivo el supuesto operativo en su noticiero matutino, conducido por Carlos Loret de Mola.

Una de las integrantes de ese equipo de producción era Azucena Pimentel, actual colaboradora en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. A pregunta expresa si Pimentel continuará en el cargo, el mandatario dijo que la decisión será del titular del área, Jesús Ramírez.

“Si ella está involucrada en este asunto, no puede seguir trabajando con nosotros; hay que pedirle que explique”, “si ella no tiene nada que ver, si tiene una justificación convincente, entonces puede seguir trabajando. Eso se lo dejamos a Jesús y hoy mismo se resuelve”, indicó el mandatario.

Más tarde, en un chat oficial de la vocería de la Presidencia, se envió un comunicado de Pimentel, difundido en diciembre de 2019, en el cual asegura que pese a estar a cargo de la producción se enteró de los hechos al mismo tiempo que los televidentes y que no participó en acuerdo alguno con la autoridad.

La exposición inicial del caso, durante la conferencia de prensa matutina, estuvo a cargo de Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y de la secretaria Sánchez Cordero, quien presentó la cronología del amparo de Cassez.

En el documento, la responsable de la política interna subraya que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia no determinó la culpabilidad o inocencia de la ciudadana francesa sino que “se resolvió dejarla en libertad por tres violaciones a los derechos humanos, derechos que todos tenemos”.