Ciudad de México. Las autoridades migratorias mexicanas realizan expulsiones exprés de migrantes centroamericanos necesitados de asilo, cuando éstos intentan ingresar a México por la frontera sur.

Así lo documentó el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano –conformado por 13 organizaciones de defensa de las garantías de los migrantes y de la Red Jesuíta.

Advirtió que estas prácticas se presentan desde que el pasado 19 de marzo el gobierno mexicano determinó cerrar al tránsito terrestre no esencial su franja fronteriza en el sur con el argumento de evitar la propagación del Covid-19, medida que se implementa desde hace más de un año en el límite con Estados Unidos, en particular en puntos de acceso formal como el puente Rodolfo Robles, en Chiapas.

El colectivo enfatizó que pese al discurso oficial del Instituto Nacional de Migración (INM) y otras autoridades mexicanas que aseguran la promoción de una migración regular y una atención con enfoque de derechos humanos, en los hechos se ha comprobado “el rechazo constante” de decenas de migrantes, incluidas familias con menores de edad.

Se les devuelve sin explicación e inclusive se les niega la posibilidad de recibir acompañamiento e información sobre sus derechos por parte de organizaciones civiles e internacionales, señaló en un posicionamiento donde alerta de estas violaciones al derecho de asilo.

Uno de los casos documentados, dijo el colectivo, se dio el 5 de abril cuando una familia con tres menores de edad (de 13, 15 y 17 años) huyó de su país debido a amenazas, hostigamiento y persecución. Pese a que solicitarían asilo en México, las autoridades migratorias “se los impidieron y con engaños los devolvieron a Guatemala”.

Denunciaron que el agente de migración encargado en turno que negó el acceso a esa familia, también impidió que los defensores de derechos humanos pasaran hacia el puente fronterizo. “Nos señaló que actualmente no tienen permitido el ingreso de ninguna persona y que las personas deberían ingresar de manera irregular a México para, posteriormente, solicitar asilo en otro lugar al tiempo que mencionó enfáticamente que los defensores no podremos seguir acudiendo al puente fronterizo por órdenes del INM”.

Enfatizaron que ante el aumento en los desplazamientos de miles de personas con necesidades de protección internacional, la respuesta del Estado mexicano “no debe ser la imposición de barreras institucionales ni cercos policiales y militares, que niegan de facto el reconocimiento de las causas que los obligan a dejar sus países de origen, violan sus derechos y no contribuyen a mitigar las condiciones de vulnerabilidad que en el origen, desplazamiento y destino los migrantes enfrentan”.

El Colectivo está conformado por organizaciones como: American Friends Service Committee– Oficina Regional América Latina y el Caribe, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, el Servicio Jesuita Refugiados México, entre otras.

Remarcaron que el derecho al refugio y la protección internacional “no deben estar sujetos a la voluntad de ninguna autoridad o persona, ni puede ser interrumpido bajo ninguna circunstancia de excepción puesto que pone en grave riesgo la vida y la integridad de las personas, máxime cuando se trata de niñas, niños y adolescentes y personas que han sufrido distintas violencias en sus países de origen”.

Por ello, demandaron que de manera coordinada, el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado establezcan una ruta clara para garantizar el acceso efectivo a la información y procedimientos de refugio, asilo, declaración de apatridia y protección complementaria a las personas que así lo necesiten; y que los sistemas de atención a la infancia velen por la protección y el interés superior de los menores migrantes y refugiados.