Tegucigalpa. El juicio contra un presunto autor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña y líder de la comunidad lenca, Berta Cáceres, se suspendió este miércoles en Honduras después que la defensa del acusado presentara una recusación contra el Tribunal que conoce la causa.
La pausa se produjo apenas un día después de que se abriera el juicio contra Roberto David Castillo Mejía.
El equipo de la defensa había solicitado al tribunal el martes que retrasara el proceso mientras se resolvían tres impugnaciones pendientes y esperaba los resultados de algunos análisis forenses. El tribunal rechazó la solicitud.
Los abogados de Castillo Mejía ahora están pidiendo a la Corte de Apelaciones que traslade el caso a otro tribunal. La portavoz de los tribunales, Lucía Villars, dijo que el juicio no puede continuar hasta que el Tribunal de Apelaciones resuelva el asunto. Tiene tres días para hacerlo.
“Se han dado una serie de resoluciones por parte de este Tribunal que son consideradas irregularidades y eso causa un malestar directo y este Tribunal fue denunciado y pedimos que se aparte del proceso”, dijo el abogado defensor, Juan Carlos Sánchez.
La Corte de Apelaciones tiene tres días para pronunciarse respecto a la recusación y saber si la declara con o sin lugar. De esa decisión dependerá si se nombra un nuevo Tribunal o continúa el proceso como está hasta ahora.
Bertha Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista, dijo que la postura de la defensa del imputado muestra temor y busca impedir el acceso a la justicia.
“Están tratando de mantener la impunidad tanto del señor David Castillo, como de quienes están detrás de ellos. Es una estrategia que la vienen aplicando desde hace un tiempo para desgastar la lucha en busca de justicia para mi madre”, comentó.
A su criterio, los apoderados de Castillo están tratando de evadir un fallo condenatorio para buscar otros recursos extrajudiciales que le permitan tener impunidad, porque según dijo detrás del acusado existe “un capital político”.
Berta Cáceres fue asesinada a balazos el 3 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, en el departamento hondureño de Intibucá.
Castillo Mejía era el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), ejecutora del proyecto Agua Zarca, al cual Cáceres se oponía, y según la fiscalía fue de donde se ordenó el crimen de la ambientalista.
Previamente fueron condenados en calidad de autores materiales Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente de DESA; Douglas Geovanny Bustillo, ex militar; Mariano Díaz Chávez, mayor del Ejército y otras cuatro personas.
Según el Ministerio Público, hubo un cruce de mensajes y llamadas entre Castillo Mejía y Geovanny Bustillo, quienes hicieron un seguimiento al plan de asesinato. La fiscalía sostiene que Castillo Mejía aportó logística y recursos y se coludió con el resto de los ahora condenados para matar a la ambientalista.
