La Secretaría de la Función Pública (SFP) suspendió la inhabilitación por 30 meses para obtener contratos del gobierno que había impuesto en octubre pasado a Laboratorios PiSA por falsear información en una contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En una circular publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SFP indicó que la determinación se dió tras la resolución dictada por la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la que “se actualizó así la apariencia del buen derecho de la compañía y se certificó que atiende al interés social y al orden público”.
Laboratorios PiSA es una de las compañías más grandes del ramo en el país, y ha sido señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de estar entre los acaparadores del mercado de distribución de medicamentos.
En el DOF, la SFP indica que la decisión de suspender la inhabilitación se da en el contexto de las medidas implementadas para combatir la pandemia de Covid-19, y Al respecto, especifica que el 27 de marzo de 2020 se publicó en el DOF un decreto sobre acciones extraordinarias frente a la pandemia de COVID-19. Entre estas se encuentran la adquisición de todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional e internacional para obtener equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, entre otras mercancías necesarias durante la contingencia sanitaria, sin la necesidad de llevar a cabo una licitación pública.
La suspensión “deriva en que se permita a la actora seguir participando en procedimientos de contratación pública y, en consecuencia, pueda presentar propuestas y, en su caso, celebrar contratos con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México”.
De acuerdo con información de la SFP, Laboratorios PiSA y su filial Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) habían sido inhabilitadas para celebrar contratos con el gobierno -y se les había impuesto una multa de un millón 170 mil pesos a cada una- porque “durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en 2017, las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS".
Según la circular publicada en el DOF, si bien se decretó la suspensión definitiva de la inhabilitación por 30 meses, la SFP precisa que “con la presente concesión únicamente se paraliza temporalmente la ejecución de dicho acto, sin que ello implique que con la suspensión de mérito se impida a la autoridad demandada hacer efectiva su sanción, en caso de que la sentencia definitiva no sea favorable a la accionante”.
