Buenos Aires. Desde su aislamiento por haber contraído el Covid-19, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión virtual con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta ante la magnitud de las cifras de víctimas de la segunda ola de coronavirus, y se refirió al mayor escándalo de la justicia en la historia argentina revelada por el portal El Destape sobre constantes visitas de jueces y fiscales a la residencia presidencial de Olivos, durante la gestión del derechista ex presidente Mauricio Macri.

“Si bien no existe delito en que un juez hable con un presidente el problema es que un magistrado vaya a rendir cuentas a un presidente o que éste le diga lo que tiene que hacer, lo que es gravísimo”, declaró Fernández.

Mencionó el caso del juez Gustavo Hornos, quien iba a la casa de gobierno a anunciar las medidas que iba a tomar y “que luego se transformaban en portadas de los diarios” afines al gobierno anterior.

Recordó que durante su campaña electoral explicó que existía “un circuito cerrado” en la justicia penal que empezaba con los fallos de los jueces Claudio Bonadío y Julián Ercolini, y seguía con Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun y terminaba con Hornos y Juan Carlos Gemigniani.

Fernández señaló que “durante el macrismo el Poder Ejecutivo utilizó a la Justicia (…) y hubo muchos jueces que se prestaron a eso”, ante lo que se necesita “un nunca más” para que la justicia “no sea usada para perseguir opositores políticos”.

En una reciente entrevista con el periodista Horacio Verbistky, el presidente reveló un grave episodio relacionado con el juez Julián Ercolini (de la llamada Mesa Judicial al servicio de Macri) y su participación en una causa falsa para perseguir a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó.

Fernández sostuvo que la funcionaria fue acusada en una causa inventada por la compra de un edificio. “Fui ver a Ercolini, que había sido mi alumno y le dije lo que me parecía, que no había delito. Él se agarró la cabeza y me dijo: ‘Sí, pero es lo que debo hacer (…) tengo que procesarla’”.

Gils Carbó fue obligada a renunciar bajo amenazas, especialmente contra sus hijas, pese a ser reconocida a nivel local e internacional como una gran funcionaria.

“Esto sucedió cuando Macri estuvo en el gobierno y de allí proviene la gravedad del problema que hoy atraviesa la justicia. Yo no tengo ningún interés por sancionar jueces, pero necesitamos que el sistema funcione”, afirmó Fernández.

El Destape reveló que los jueces de casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos fueron decenas de veces a Olivos a visitar a Macri sin ningún disimulo; y que dichas visitas coincidieron con las resoluciones que estos tomaron contra la ex presidenta Cristina Fernández y otros dirigentes.

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones y el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, que preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, destacaron que estas visitas y lo que siguió a los encuentros debe investigarse en este Consejo y en el Congreso de la Nación.

Lugones sostuvo que esta cercanía de jueces con presidentes “no es común” y que sería importante que no sean estos jueces los que juzguen a Macri en varias de la causas abiertas contra él.

Moreu destaco que está documentada la lista de visitas de los jueces a la casa gubernamental y la residencia presidencial lo que “no hace más que confirmar la relación espuria que tenía un sector de la Justicia con el gobierno de Macri”.