Chihuahua, Chih. La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, fue vinculada a proceso penal por el delito de cohecho, acusada de recibir sobornos provenientes de una “nómina secreta” del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez cuando fue diputada local entre 2013 y 2016. Esto no le impedirá realizar campaña con miras a las elecciones de junio próximo, no obstante que el proceso ahora implica un periodo de tres meses para que la fiscalía estatal realice una investigación complementaria.

Este jueves, luego de un receso de 14 horas, el juez de control del Poder Judicial de Chihuahua, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, reinició la audiencia de vinculación a proceso –diferida en siete ocasiones, desde el pasado 26 de enero— y aceptó como válidas las pruebas que el Ministerio Público presentó en contra de Maru Campos, bajo el número de causa penal 2821/2020.

Campos Galván compareció culpada de aceptar 15.6 millones de pesos de César Duarte mientras fue legisladora y vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso estatal, y cabildear contratos entre su hermano Manuel Campos y la administración estatal por servicios profesionales simulados.

Durante la diligencia de más de 20 horas que inició a las 7:45 horas y culminó anoche, el Ministerio Público recordó que la ex diputada era secretaria de la Comisión de Fiscalización, y autorizó la cuenta pública de César Duarte en 2014 a cambio de recibir, para ella y para el entonces diputado panista César Jáuregui Moreno, de 2014 a 2015, cantidades de 200 mil, 250 mil, 300 mil, 350 mil y hasta 400 mil pesos en efectivo.

Los abogados defensores de la abanderada blanquiazul son Francisco Molina Ruiz, ex procurador estatal en el gobierno de Francisco Barrio Terrazas (1992-1998); Pedro Gómez Ibarra y Arturo Chávez Chávez, procurador federal en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Los litigantes presentaron como pruebas a favor de Campos Galván una entrevista televisiva de 2016, en la que César Jáuregui opina contra una solicitud de deuda que César Duarte presentó al Congreso local ese año; una llamada telefónica entre Jáuregui Moreno y el testigo protegido Jaime Herrera Corral, así como un informe de auditoría del ejercicio fiscal 2014, en el que se argumentó que no correspondía a la Comisión de Fiscalización de la legislatura hacer observaciones a la cuenta pública.

El juez de control desechó como prueba la llamada telefónica con la que los defensores buscaron desacreditar la acusación del Ministerio Público, argumentando que la declaración por escrito de César Jáuregui respecto la grabación fue manipulada por la defensa.

El Ministerio Público pidió desestimar también documentos para justificar los contratos simulados de servicios jurídicos a favor del hermano de María Eugenia Campos y presentados como prueba, por ser plagiados de una página de Internet y no corresponder al despacho que firmó contratos con el gobierno de Chihuahua.