Ciudad de México. La reaprehensión de siete militares involucrados en el Caso Tlatlaya, donde 22 civiles resultaron muertos por disparos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en julio de 2014, se hizo en acatamiento a una orden judicial, librada desde octubre de 2019, por Olga María Josefina Ojeda Arellano, magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal, con sede en Toluca, Estado de México.

La magistrada resolvió en ese sentido una apelación a un fallo previo, que en mayo de 2016 ordenó liberar a los militares por falta de elementos.

La Fiscalía General de la República (FGR) apeló la liberación de los militares, señalando que no habían sido tomados en cuenta elementos de prueba como testimonios de las sobrevivientes y peritajes, contenidos en la averiguación previa AP/PGR/UEITA/161/2014.

Los militares reaprehendidos son Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, acusados de homicidio y ejercicio indebido del servicio público, por lo que no pudieron obtener la libertad bajo fianza.

Los otros cuatro son Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz y Alan Fuentes Guadarrama, señalados como posibles responsables de ejercicio indebido del servicio público, el cual está considerado como un delito grave, y por tanto podrán seguir su proceso en libertad.