Los republicanos han introducido 253 proyectos de ley en 43 de los 50 estados de la unión, con el objetivo de suprimir el voto deciertos sectores, sobre todo de los que aquí se llaman de color, incluyendo los afroestadunidenses, los latinos y otras minorías, junto con el voto de los jóvenes y de los pobres que suelen favorecer a los demócratas.

Una de estas iniciativas ya prosperó en Georgia la semana pasada, justo el estado donde los demócratas ganaron el control del Senado federal, y donde Trump y sus aliados buscaron presionar a los encargados de la elección a revertir los resultados de los comicios presidenciales. La nueva ley, como las otras 249 pendientes, impone una serie de restricciones para obstaculizar el ejercicio del derecho al voto, incluyendo la eliminación de boletas enviadas por correo, reduciendo los horarios del voto, nuevos requisitos de identificación, y hasta hacer mas incómodo el proceso al prohibir que personas ofrezcan agua y alimento a los que están esperando en filas en una casilla.

El voto afroestadunidense, junto con el latino y de otras minorías, fue lo que llevó al triunfo demócrata en Georgia. La foto oficial de la promulgación en ley de la nueva medida mostraba al gobernador republicano Brian Kemp firmando la norma rodeado por seis hombres blancos. Estas iniciativas son impulsadas con la narrativa falsa de que ocurrió un magno fraude en la ultima elección, es decir, se presentan con el argumento de que son para proteger la integridad de las elecciones ante acusaciones de fraude electoral para el cual hay nula evidencia.

De hecho, promotores de estas leyes acusan que los inmigrantes indocumentados –algo que repitió Trump y otros durante los últimos cinco días como parte de su ataque contra mexicanos y otros latinoamericanos– son usados por los demócratas para perpetrar ese fraude. O sea, vinculan la crisis en la frontera inflada por los republicanos en su argumento para proteger el voto.

Líderes demócratas y de derechos civiles afirman que representa una amenaza existencial a este sistema, el ex presidente Jimmy Carter, quien se ha dedicado a ser observador electoral en más de 100 elecciones alrededor del mundo, denunció esta medida antidemocrática en su estado de Georgia y el propio presidente Biden lo declaró como algo antiestadunidense.

De hecho, para líderes de derechos civiles, esto es el ataque más ambicioso para revertir las conquistas de los movimientos de los 60. Más aún, esta ofensiva reaccionaria está vincu-lada con la promoción de políticas xenofóbicas y racistas que han nutrido la ola de crímenes de odio contra minorías, ofensiva que arrancó a nivel nacional con el ataque de Trump contra mexicanos en 2015.

Los republicanos y la derecha entienden que el futuro no les pertenece, y los cambios demográficos ya expresados por las nuevas generaciones implican el fin de su Estados Unidos. Para frenarlos aparentemente están dispuestos a sacrificar todos esos valores democráticos que dicen defender y desean exportar a otros países.

En respuesta, los demócratas y varios movimientos de derechos civiles, incluyendo algunas corrientes de Black Lives Matter y de algunas agrupaciones latinas, están luchando contra estas medidas y a la vez impulsando un proyecto de ley federal, que algunos califican como la iniciativa más importante para ampliar los derechos al voto desde los años 60. La protesta incluye medidas para el empadronamiento automático nacional de los que tienen derecho al voto, limitar la influencia de fondos privados en las contiendas, ampliar los horarios del voto, como también el uso de mecanismos como sufragio por correo.

Ésta es la noticia de hoy porque es la única que los historiadores registrarán de esta era: ¿los estadunidenses defendieron su democracia o cayeron en oligarquía?, escribe la historiadora Heather Cox Richardson.

Graham Nash. Vote https://youtu.be/CeR2ysos2PM