Desde noviembre de 2019 y hasta el pasado 10 de marzo, elementos del 21 Regimiento de Caballería Motorizada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, “han sido responsables de al menos 12 ejecuciones extrajudiciales en contra de civiles desarmados”, sin que hasta la fecha hayan sido investigados ni sancionados por estos hechos.

Así lo denunció Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), quien señaló que lo anterior deja ver que los integrantes de dicho agrupamiento “están fuera de control” o tienen el objetivo explícito de “crear terror”, por lo que solicitó la intervención de autoridades nacionales e internacionales en el tema.

En entrevista con La Jornada, el abogado destacó que en todos los casos de ejecución extrajudicial referidos, los soldados actuaron de la misma forma: hicieron un uso excesivo de la fuerza para detener a civiles, sin evidencias de que pertenecieran a un grupo criminal ni estuvieran armados, les dieron el “tiro de gracia” y les negaron los primeros auxilios.

Violencia especialmente grave en Nuevo Laredo

El CDHNL, detalló Ramos, ha logrado documentar una serie de ejecuciones cometidas los días 19 y 29 de noviembre de 2019; el 26 de marzo, 6 de abril y 3 de julio de 2020 –en este último caso con tres víctimas mortales--, y el 7 de febrero y 10 de marzo de 2021.

A lo anterior, se suman los casos de dos jóvenes que sobrevivieron a un ataque armado de personal castrense ocurrido el pasado 18 de enero en el estacionamiento de un supermercado –quienes pidieron el anonimato por temor a represalias--, y el de dos mujeres y dos menores asesinados en 2019 y 2020, pero que no fueron registrados directamente por el CDHNL.

A decir del activista, esta situación de violencia no se repite con este mismo nivel de intensidad en ninguna otra ciudad o municipio de Tamaulipas “ni en ninguna otra parte del país. Lo que pasa en Nuevo Laredo, no se ve ni en Reynosa, ni en Matamoros, ni en Ciudad Victoria ni en Tampico, ¿por qué sólo ahí?”

De acuerdo con Ramos, esta serie de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del 21 Regimiento recuerdan a la “ola” de al menos 39 desapariciones cometidas por la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo en 2018, un caso que llevó a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) a realizar una visita a la ciudad.

Los soldados “no están cumpliendo un protocolo de uso racional de la fuerza. En ninguno de los casos de ejecuciones, las víctimas tienen heridas en las piernas o en el pecho: todos son en la cabeza y a corta distancia. No sé si lo hacen por gusto, por un ascenso o por diversión, pero el asunto es la letalidad. Nosotros consideramos que tal vez tengan la misma finalidad que tuvo la Marina en 2018: crear terror”, apuntó.

“Queremos llamar la atención de los altos mandos de la Sedena para que procedan a una investigación interna, y le pedimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita medidas cautelares a favor de la población de Nuevo Laredo, porque todos estos hechos han sido en lugares públicos, y algunos en horarios de intenso tráfico”, señaló.

Población atrapada entre tres fuegos

El activista señaló que la intervención de organismos internacionales se volvería necesaria de nueva cuenta, luego de que la Sedena ignorara la Recomendación 37/2020 de la CNDH, emitida en septiembre del año pasado y relacionada con ocho ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2016, también en Nuevo Laredo.

“Esa Recomendación es muy completa. La CNDH pide que las Fuerzas Armadas desarrollen protocolos de actuación, tomen cursos en derechos humanos, graben todos sus operativos y respeten el derecho más importante de todos, que es el derecho a la vida. Pero parece que la Sedena la tiró a la basura, porque todo esto (los abusos miltares) ha seguido pasando.

“Si esas quejas ocurrieron en 2016, y en 2019, 2020 y 2021 se siguen presentando, entonces aquí está fallando algo dentro de las filas de la Sedena: o falla su capacitación y adiestramiento, o este grupo de militares está fuera de control”, advirtió.

Si el Ejército no indaga lo que está ocurriendo en Nuevo Laredo, y otras instancias del gobierno federal no intervienen, “entonces tendremos que recurrir a instancias internacionales otra vez, como en 2018 con la Marina. Cuando aumentó exponencialmente el número (de personas desaparecidas), la ONU-DH lo da a conocer, y entonces el gobierno prende los focos y actúa”.

Ramos deploró que los habitantes de Nuevo Laredo están hoy en medio de “tres escenarios de violencia”: el que generan los grupos del crimen organizado, el del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública (corporación especial de policía surgida en agosto de 2020, acusada de múltiples abusos, incluida la matanza de migrantes en el municipio de Camargo, del pasado 22 de enero) y ahora el del Ejército.

“Ya demostramos que dentro de las fuerzas de seguridad de Tamaulipas había un grupo criminal actuando en funciones de policía, que lo mismo cometía violaciones sexuales, que secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Ahora, con estos elementos, queremos decirle al gobierno de México y a la Sedena que urge que se investigue lo que está pasando en Nuevo Laredo”, recalcó.