La Paz. Primero fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Ahora lo hizo Estados Unidos, quien se dijo preocupado por las recientes detenciones de ex funcionarios de facto en Bolivia.

El gobierno de Joe Biden se unió al pedido de organismos como las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OEA que han exhortado a que se les garantice un debido proceso a Jeanine  Áñez, ex presidenta de facto y dos de sus ex ministros. Los gobiernos de Brasil y Chile también formularon el mismo llamado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, comentó en un comunicado que hay dudas sobre la legalidad de los arrestos e instó a Bolivia a liberar a los detenidos en espera de “una investigación independiente y transparente sobre los derechos humanos y las preocupaciones sobre el debido proceso”.

“Hacemos un llamado al gobierno boliviano a expresar con claridad su apoyo a la paz, la democracia y la reconciliación nacional, incluso por la liberación de los ex funcionarios detenidos” agregó.

Desde hace casi dos semanas, Áñez y sus ex ministros permanecen encarcelados tras ser acusados de sedición, conspiración y terrorismo por el golpe de Estado en 2019 durante la crisis política y social derivada de la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras señalamientos de un presunto fraude para reelegirse a un cuarto mandato. Los conflictos dejaron 36 fallecidos.

El presidente Luis Arce y Morales consideran al pasado gobierno transitorio de Áñez de facto, al argumentar que la ex mandataria asumió la presidencia siendo senadora, lo que según ellos no le correspondía. Mientras, la oposición asegura que es un caso político y niegan que haya habido un golpe. Además consideran que las detenciones son ilegales.

La cancillería pidió dejar a un lado las “injerencias” en la crisis política del país andino. En tanto, el presidente Arce en su reciente viaje a México sumó el espaldarazo de su colega Andrés Manuel López Obrador en relación al caso.

Sin embargo, el comunicado estadunidense dice que “las recientes detenciones de funcionarios del gobierno interino no están en consonancia con los ideales democráticos de Bolivia: desacreditan los extraordinarios esfuerzos de tantos votantes, candidatos y servidores públicos bolivianos que permitieron las elecciones nacionales de octubre de 2020, así como la votación subnacional del 7 de marzo”.

La defensa y la familia de Áñez han pedido reiteradamente que sea trasladada a una clínica por un cuadro de hipertensión que padece. Sin embargo, la justicia no le ha concedido la petición y le ha negado dos veces su pedido de defenderse en libertad.