El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en ciudad de México desechó por improcedente el recurso de revisión que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR), para revocar la suspensión definitiva que obtuvo Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), contra la resolución de un juez de control, quien le negó cancelar el proceso en su contra por una presunta falsedad en declaración relacionada con el desvío de 185 millones pesos a una universidad pública por contratos no realizados, caso conocido como la Estafa Maestra.

El ex funcionario era cercano colaboradoor a Rosario Robles Berlanga, privada de la libertad desde agosto de 2019 en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Martha Acatitla, por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público

A finales del año pasado, el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del primer circuito le otorgó la suspensión definitiva al ex subsecretario de la Sedatu para efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente se encuentran, no se realice la etapa de la audiencia intermedia, y no se dicte auto de apertura del juicio oral en tanto se resuelva el fondo del juicio de amparo.

El pasado 31 de agosto el juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, José Antonio Artemio Zúñiga, en una audiencia resolvió que si bien la FGR no presentó la acusación en los 15 días que establece la ley, ésta considera otros 15 para realizarlo, es decir que el impartidor de justicia dio a la fiscalía otras dos semanas para que presentara de nuevo la acusación.

Por este asunto, los abogados de González Tiburcio solicitaron al juez de control el sobreseimiento del caso, alegando que la acusación en contra de su cliente fue extemporánea.

En 2019 el ex subsecretario de la Sedatu fue vinculado a proceso por presunta falsedad en declaración, por ello un juez de control con sede en el reclusorio norte determinó que existían pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), causó un posible quebranto a la hacienda pública.

Enrique González Tiburcio desde un principio desconoció esa firma plasmada en el documento suscrito el 2 de febrero de 2016. En ese entonces la fiscalía sostuvo que sí era su firma, de acuerdo con un peritaje en grafoscopía que la propia dependencia elaboró en su momento y que confirmó que la firma coincidía con la del convenio.