León, Gto. El trabajador Víctor Ricardo Briseño Rangel murió intoxicado en la planta de tratamiento de aguas residuales a “consecuencia de la culpa o negligencia de la propia víctima”, afirmó el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Enrique de Haro Maldonado, ante el Juzgado Quinto de lo Civil, donde la familia del occiso exige una indemnización justa.

La noche del 13 de noviembre del 2020, Víctor Ricardo Briseño, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera fallecieron intoxicados —con ácido sulfhídrico— en el Módulo de Desbaste de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de SAPAL.

El organismo ofrece, a las viudas y familias, entre 30 mil y 150 mil pesos, montos que la ley contempla en caso de un despido injustificado. 

Las familias denunciaron que SAPAL no capacitó, ni proporcionó equipo de seguridad a las víctimas y que la planta tiene fallas por la falta de mantenimiento.

El director del sistema de agua se deslindó de la muerte de los trabajadores, en el juicio de responsabilidad civil y por indemnización equitativa por daño moral, iniciado en el Juzgado Quinto Civil, por la muerte de Víctor Briseño.

Para contestar la demanda, SAPAL contrató al “prestigioso” despacho de abogados de Juan Carlos Peña García, “a quien seguramente le pagan más de lo que ofrecieron de indemnización a los familiares de las víctimas”, señaló el representante legal de la agrupación Acción Colectiva, Gustavo Lozano, quien encabeza la lucha social de las víctimas.

El director de SAPAL negó, en el expediente 47/2021, que Víctor Briseño —y los otros cuatro trabajadores— murieran por “no haber realizado las obras necesarias para garantizar el funcionamiento de la planta”.

Agrega que el organismo hizo las reparaciones y hubo una respuesta a las observaciones hechas por Briseño Rangel.

“Como se verá más adelante, el daño causado —muerte— (que no es consecuencia de ninguna explosión) se produjo en todo caso como consecuencia de la culpa o negligencia de la propia víctima”, sostiene Enrique de Haro en el juicio.

“Responsabilizar de su propia muerte a las víctimas es la postura oficial del SAPAL, de su director Enrique de Haro Maldonado y de su Consejo Directivo presidido por Jorge Ramírez Hernández. Ante este escenario, nos parece relevante preguntar si el alcalde Héctor René López Santillana y el Ayuntamiento comparten la misma visión”, remató Gustavo Lozano.

A partir del 22 de septiembre del 2020, el SAPAL comenzó a operar la planta, porque no renovó la concesión a ECOSYS III, a raíz de que la empresa reconoció que la planta tenía fallas por recibir “aguas residuales de calidades diferentes a las acordadas”.

El equipo mecánico, eléctrico y de procesos de tratamiento fue dañado por basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas, denunció ECOSYS, en agosto del año pasado.