El acuerdo entre el gobierno federal y la iniciativa privada para limitar a tres meses la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) es una “señal preocupante y desfavorable” para los trabajadores. Incluso sería “violatorio de la Constitución si se rompe el criterio básico”, que es repartirla en función de las ganancias obtenidas por las empresas y no “como un bono o prestación anual más”, advirtieron especialistas laborales.

Por su parte, Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), confirmó que el acuerdo mencionado “se concretó” y hay condiciones para que la iniciativa sobre outsourcing avance, aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se negó a lo propio o desmentirlo, “porque es un proceso de negociación que aún no termina”.

“Se abordó este tema con el sector empresarial y se aceptó por parte de ellos. Esto viene a resolver el asunto, por lo tanto ya va a transitar la iniciativa del Ejecutivo federal sobre subcontratación”, aseguró el dirigente de la CROC.

Añadió que con dicho “arreglo, los trabajadores que no recibían reparto de utilidades, que eran miles, pues ahora van a recibirlo”.

Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), afirmó que de poner un tope a las utilidades “se estaría rompiendo el criterio” de ese derecho constitucional, ya que este se crea en función de las ganancias de una empresa a fin de repartirlas a sus trabajadores.

Al respecto, Alberto Ramírez García, especialista el derecho laboral en la Universidad Obrera de México, aseveró que la PTU “tiene su base en la Constitución”, en su artículo 123, apartado A, fracción IX, por lo que topar las utilidades no sólo implica una modificación a la Ley Federal del Trabajo, sino también a la Carta Magna.

Ambos especialistas coincidieron en que si se aplica el mismo criterio del acuerdo de topar la PTU sería “desproporcional”, debido a que no es el mismo porcentaje de ganancias el que tendría una empresa trasnacional a una pequeña o mediana “que apenas si sobrevivió en esta época de pandemia”.

Señalaron que el hecho de no fijar una postura oficial sobre el tema, la STPS está “teniendo una omisión, un default”, y, por el contrario, debería “salir al paso y tener una comunicación más efectiva con la sociedad”.