Morelia, Mich. En el municipio de Tuxpan, Michoacán, fue detenido un sujeto acusado de haber torturado y asesinado a Jesica Vianey L., el pasado 18 de marzo, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

A José Antonio S., se le acusa del delito de feminicidio, una vez que fue localizado e identificado el cuerpo de Jesica Vianey, de 25 años de edad. Los restos de la víctima, que presentaba golpes y lesiones con arma punzocortante, fueron encontrados en un basurero ubicado a un costado de la carretera Tuxpan-Ciudad Hidalgo, a unos metros del puente de Turundeo.

La Fiscalía Regional de Zitácuaro inició las investigaciones y reunió pruebas que permiten establecer la relación del imputado con este delito.

De enero a la fecha, de este año, en esta entidad han sido ultimadas al menos 54 mujeres. En 2020 fueron asesinadas 207 personas del sexo femenino. En 2016 fueron 138 víctimas, y de ahí a la fecha las cifras van en aumento. Los delitos catalogados como feminicidio no alcanzan ni el 10 por ciento del total de los homicidios de mujeres.

El 63 por ciento de los homicidios dolosos contra las mujeres están relacionados con la delincuencia organizada, y las víctimas se vieron involucradas directa o indirectamente por sus parejas, afirmó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer (Seimujer), Claudia Padilla Camacho.

En la presentación del protocolo para salvaguardar la seguridad e integridad de las mujeres que viven violencia vinculada al fenómeno de las adicciones y situación de narcotráfico, la funcionaria estatal afirmó que en el último año se atendieron 50 casos por agresiones físicas.

Dijo que cuatro de cada 10 mujeres violentadas presenta problemas por uso o consumo de sustancias nocivas y aunque la estadística está basada en la cantidad de víctimas reportadas en la Seimujer, aseguró que existe una cifra negra que no se denuncia por temor a parejas o familiares vinculados con la delincuencia organizada.

Cuando es necesario se ofrece refugio a estas mujeres mientras se siguen procesos de acompañamiento psicológico y jurídico, por lo que calculó que alrededor del 80 por ciento son llevadas a otras entidades y difícilmente pueden regresar a su lugar de residencia.