Ayer, en el acto conmemorativo del aniversario del nacimiento de Benito Juárez, en Guelatao, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) se incrementará en forma paulatina de los 2 mil 700 pesos bimestrales que actualmente se entregan a 6 mil pesos en 2024. El aumento progresivo comenzará en julio próximo, con un alza de 15 por ciento, y los tres años siguientes ésta será de 20 por ciento más la inflación, hasta llegar a seis mil pesos.
Asimismo, el mandatario informó que la edad mínima para recibir la PUAM bajará de los 68 a 65 años, que es en la cual ese beneficio se entrega en las comunidades indígenas, y se comprometió a impulsar un incremento a los salarios mínimos al término de su gobierno a fin de que éstos hayan recuperado la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron durante el periodo neoliberal, así como a actualizar conforme a la inflación la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sirve de base para el cálculo de las pensiones. López Obrador señaló que la primera de estas medidas implicará elevar el presupuesto destinado a la PUAM de 135 mil millones de pesos a 370 mil millones en 2024, y que los recursos correspondientes deben obtenerse sin recurrir al endeudamiento y sin elevar los impuestos.
Ciertamente, las acciones anunciadas representan un paso en la corrección de un sistema de pensiones terriblemente injusto, como el que está vigente. La sola adopción de la PUAM a escala nacional ha representado un alivio para millones de adultos mayores que están fuera del sistema de pensiones –una gran proporción de ese grupo etario, habida cuenta del tamaño del sector informal de la economía– o que, estando en él perciben jubilaciones del todo insuficientes para su manutención. Sin ser una panacea, la PUAM ha otorgado a esas personas un ingreso mínimo del que carecían, o bien ha atenuado la estrechez de sus percepciones monetarias. También ha sido de gran importancia la inclusión del programa en la Constitución, lo que asegura su permanencia más allá del sexenio lopezobradorista.
Así pues, con el fortalecimiento de la pensión establecida por este gobierno y los ajustes a la UMA, que rigen el sistema de pensiones formado por las Afore y otras instancias, se zanja el debate de si las jubilaciones debían calcularse con base en el salario mínimo o mediante la unidad de medida.
Los incrementos en salarios y en pensiones no son aún suficientes para garantizar una vida digna a los asalariados en activo o en retiro, y no será fácil recuperar todo lo que unos y otras perdieron entre 1982 y 2018. Para ilustrar el gravísimo retroceso, baste citar el dato de que, a pesar de los aumentos logrados en lo que va de esta administración, el poder adquisitivo de los salarios mínimos sigue siendo inferior a su nivel de 1938. Sin embargo, las decisiones anunciadas ayer representan un paso en el camino correcto.
